SANTO DOMINGO.- El vicepresidente ejecutivo de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE), Andrés Astacio, informó ayer que en el país se tiene identificados como clientes a alrededor de 2.5 millones de hogares, pero de esos solo están al día (pagan el servicio) alrededor de 2.2 millones.
“Hay 300 mil que están en gestión de cobro. Probablemente algunos no existen y otros entran en la parte de gestiones administrativas que deben hacerse”, dijo el funcionario en la Entrevista Especial de elCaribe-CDN, correspondiente al almuerzo semanal.
De acuerdo con los números que ofreció Astacio, en República Dominicana hay también alrededor de 400 mil cabezas de familia del servicio público que no están en las bases de datos de las empresas Edesur, Edeeste y Edenorte. “Nuestra estimación es que en el país hay tres millones 100 mil hogares que consumen energía, dato que va muy de la mano con los que ha dado la Encuesta EnHogar y demás. Pero el universo de entre 400 mil y 600 mil hogares es el que queremos abarcar con un plan que trabajamos con el Gabinete Social de la Presidencia, en adición al trabajo que estamos haciendo con nuestra base comercial, con nuestra gestión de ciclo comercial”, apuntó.
Las cifras que citó Astacio motivaron a que se le preguntara qué ocurrirá primero; si se trabajará para lograr que esas personas deudoras paguen, o si la inclinación primera será hacia el incremento de la tarifa eléctrica, desde el punto de vista de lo que ha decidido el Gobierno.
“Mira, yo puedo tomar la decisión sobre el primer punto, porque las empresas distribuidoras tenemos que darle disciplina a nuestro mercado. Las pérdidas eléctricas lamentablemente no son un elemento extraño ni foráneo que se deba decir en tercera persona. Las pérdidas de electricidad en el sistema eléctrico no son más que un uso irresponsable de la electricidad y un uso irresponsable del servicio”, sostuvo, sin andarse con rodeos.
Dijo que lamentablemente son personas que por desconocimiento o por múltiples razones hacen un uso irresponsable de esta. “Y tomemos en cuenta algo: la electricidad se paga o se paga a lo que cueste, porque la pagamos. O es en la factura, o la pagamos a través de los impuestos, que son los subsidios (…). Si la pagamos usualmente, la forma más barata de pagarla es hacerlo a través de la factura, porque al pagarla a través de la factura estamos haciendo que todos contribuyan en razón de su capacidad”, agregó.
Aseguró que con el tema de reducción de pérdidas las distribuidoras están trabajando intensamente en, primero, hacer un gran despliegue para que las personas que no tengan medición la tengan, especialmente en aquellos lugares donde la red permite colocar la medición, y segundo, se trabaja con el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) y con el Gabinete Social del Gobierno en planes pilotos de trabajos conjuntos para la concienciación de las personas en el uso de electricidad en sectores de bajos ingresos económicos. En ese enfoque entra –adicionalmente- el tema de la eficientización en el uso de los subsidios que se traspasan por vía del Bonoluz.
Recordó que el país tiene un Pacto Eléctrico y dijo que los subsidios, no van a desaparecer, porque todo gobierno tiene que saber que hay una cantidad determinada de personas que deben de ser protegidas. “Si nos fuéramos en el sector eléctrico a las normas del mercado, lo que eso va a generar es que un grupo de personas no va a poder acceder al servicio. Como Gobierno debemos proteger a esas personas, pero tenemos que individualizarlo. Y en ese proceso estamos”, indicó.
La última revisión de la tarifa eléctrica se realizó en el año 2011. Cuando se le preguntó a Astacio cómo ha impactado la estatización tarifaria (tomando en cuenta los años que han pasado sin moverla), ya que los costos de generación han variado, su respuesta fue: “Nosotros compramos en promedio, en el último cuatrimestre, a 11.4 centavos de dólar el kilovatio y vendemos a alrededor de 13.5 centavos de dólar el kilovatio. O sea, nuestro margen de compraventa ronda los dos centavos de dólar, cuando en una estructura tarifaria usual el margen de compraventa para una empresa distribuidora modelo siempre se estima que debe de ser el 50 % del costo de abastecimiento, del costo de la energía.
Es decir, es un pareto 66-33 (costo de generación-margen de distribución), que es lo usual… lo que dice el libro, en una empresa eficiente. En nuestro caso, es una relación 90-10, por decirlo de una manera”, apuntó en la conversación sostenida poco antes del mediodía. Dejó claro que el ajuste de la tarifa corresponde a otras agencias gubernamentales, que no son las distribuidoras, y tendrá mucho que ver con la situación global de la economía.
¿Se debe dinero a las generadoras?
El conversatorio con Andrés Astacio fue amplio. Respondió a cada una de las preguntas formuladas por Nelson Rodríguez, director de elCaribe; Héctor Linares, subdirector; la directora de CDN, Alba Nely Familia, y la periodista de la planta televisora, Katherine Hernández.
Astacio aseguró que el Gobierno no tiene deudas con las empresas generadoras de electricidad. “Fíjense que hace mucho que no encontramos un comunicado de la Empresa Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) diciendo que tenemos atrasos. De hecho, hace como diez meses que eso no sucede”, apuntó.
De otro lado, explicó que se tiene un plan ambicioso de inversión para continuar robusteciendo el sistema eléctrico dominicano, un punto que se traduce en mejoría para el servicio que se ofrece a los usuarios. “Tengo que reconocer que había sido preparado por las autoridades anteriores y tengo que reconocer que cuando nosotros llegamos lo que hicimos fue que lo revisamos. Racionalizamos bastante sus costos”, expuso.
Y agregó que ese plan de inversión original habla de inversiones por 2,500 millones de dólares, pero se le pidió al equipo o comité de inversión que se conformó para la evaluación, que revisaba las necesidades y se priorizara las áreas en las que se iba a invertir. “Por ejemplo, en aquel plan de inversión, la subestación más crítica que tenemos a nivel nacional, que es la de Villa Mella, porque es la que sirve al cuarto municipio del país, que es Santo Domingo Norte, no estaba debidamente priorizada. Lo que hicimos entonces fue un reenfoque, priorizando subestaciones”, sostuvo.
Bajo ese esquema de trabajo que se ha delineado, según Astacio, la que tiene la mayor cantidad de subestaciones a ser intervenidas es la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste).
Un plan que se realizará con US$1,400 millones
El vicepresidente ejecutivo de las Empresas Distribuidoras de Electricidad acudió al encuentro de ayer en compañía de Freddy Pérez, del área financiera-administrativa; Ricardo Gómez, miembro del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, y de Raysa Lara, de la gerencia de Comunicaciones. Escuchado atentamente por cada uno de ellos, el funcionario refirió que en Edeeste se intervendrán 15 subestaciones, dentro del plan trazado; en el área de Edesur se intervendrán seis y en el área de Edenorte se intervendrán cinco.
Explicó que al hacer la priorización, bajo los criterios de capacidad de prestar el servicio (de expansión) y de mejora de comercialización, se ha conseguido racionalizar el plan, al que hacía referencia antes. “Nos va a costar unos 1,400 millones de dólares y cubriría toda la intervención en un lapso de tiempo de siete años. Con ese plan, que a su vez implica la intervención comercial en los sectores de bajos ingresos y lograr establecer una modalidad de comercialización prepago para cualquier cliente que así lo quiera, vamos a poder individualizar los subsidios”, dijo.
Astacio, que además de ser vicepresidente ejecutivo de las EDE es el secretario del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, es un profesional del derecho con experiencia en la asesoría de empresas, gestión de conflictos cotidianos y de alto impacto, así como en la gestión de las relaciones interinstitucionales y la estructuración de estrategias tendentes a la solución de los problemas que puedan afectar el desarrollo de las mismas. El Consejo Unificado de las EDE es el órgano de administración de las empresas distribuidoras, cuya denominación e integración fueron establecidas en el decreto 342.
MARTIN POLANCO
