POR VINICIO CASTILLO SEMAN.- Quiero iniciar este artículo felicitando al gran amigo director de este periódico Listín Diario, Miguel Franjul, por los reportajes y entrevistas en que ha venido tratando un tema crucial de la vida cotidiana de los dominicanos: El funcionamiento de su sistema de justicia penal, compuesto fundamentalmente por jueces y fiscales con el auxilio de los organismos investigativos de la PN.
Como ciudadano y abogado en ejercicio quiero modestamente expresar mis puntos de vistas y en ese sentido, la primera pregunta que hay que hacer es si el Código Procesal Penal que varió radicalmente el sistema judicial penal de RD en 2004 ha pasado o no la prueba de 21 años de aplicación.
Cabe recordar que ese código, que es el vigente, fue impuesto por USAID y su combo jurídico y mediático en RD, como una panacea que vendría a resolver los problemas del Código de Procedimiento Criminal, vigente por largo tiempo, y que ciertamente ameritaba de modificaciones y ajustes como lo había hecho Francia, de donde provenía.
El CPP que se impuso en 2004 es un código ultragarantista copiado de otras sociedades, que en nada tomó en cuenta la realidad social de RD.
Se le quitó a los jueces penales la íntima convicción para juzgar. Se le convirtió en un tercero imparcial que sólo podía decidir conforme a pruebas presentadas por las partes, Ministerio Público, Defensa, actores civiles. Se le quitó todo brillo a los grandes debates a que la justicia penal nos había acostumbrado para pasar a marañas de reglas procesales estrictas, cuya inobservancia hace caer los procesos.
En el antiguo sistema cuando un ciudadano era víctima de un crimen, era perseguido por los fiscales, estuviese o no representado en estrados durante el proceso penal. En la práctica, en la actualidad cuando la víctima no motoriza el proceso se cae en el 90 % de los casos . Archivos definitivos.
Con el CPP actual, tan pronto el imputado sale libre con una medida coercitiva piensa concluyó el proceso. La inmensa mayoría no vuelve a juicio y si lo declaran rebelde, no pasa nada. No hay agravante para continuar el proceso del que huyó de la justicia.
Ahora el ciudadano víctima de un atraco, si se salva, no le interesa ni poner querella. Porque ve el proceso como un viacrucis, costos y peligros para su seguridad y la de sus familiares.
A quien más a favorecido el CPP es al narcotráfico. Un porcentaje mínimo de sometimiento y decomisos llegan a tener condenas severas y definitivas.
El sistema penal está en crisis, porque se ha perdido el miedo a delinquir. No hay consecuencias efectivas punitivas del crimen y el delito. A 21 años, el Código USAID no pasó la prueba de la vida y los resultados están ahí. Objetivos y claros.
