SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- La abogada defensora Ingrid Hidalgo consideró que la sentencia dictada este miércoles otorgando la libertad a Marlin Martínez, representa un avance, en materia de derecho, para todos los ciudadanos, ya que se debe garantizar que todo el que cumpla una condena, debe otorgársele su libertad.
“Esta decisión que se da en el caso de Marlin, marca un antes y un después para todos los ciudadanos, que te lleva a que, si usted cumplió, no importa que exista un recurso, hay que ponerlo en libertad” expresó la abogada de Marlin.
En ese sentido también se expresó el abogado de Ricardo Reina, defensor de Marlon Martínez, quien se mantiene en prisión, condenado a 30 años por la muerte de Emely Peguero.
“Las leyes hay que respetarlas y cumplirlas. Cuando una persona cumple su sentencia, lo que debe ordenar el Ministerio Público, quien es el garante de la ley, es ponerla en libertad”, dijo el jurista, quien calificó la sentencia como “una decisión ejemplar”.
Mientras que el abogado de la familia Peguero, José Martínez Hoepelman, dijo que la puesta en libertad de Marlin Martínez no quiere decir que concluyó el proceso. Advirtió que el caso continuará en la Suprema Corte de Justicia.La decisión
Este miércoles la jueza de la Cámara Penal de la Corte de la provincia Duarte, Carminia Caminero, ordenó la libertad de Marln Martínez, tras considerar que esta estuvo en prisión arbitraria luego de haber sobrepasado la pena de dos años a la que fue condenada por la Corte.
Con su decisión el tribunal acogió un recurso de habeas corpus que interpuso Marlin Martínez a través de abogada Ingrid Hidalgo, quien solicitó la libertad pura y simple. Precisó que Marlin fue arrestada en agosto del 2017, por lo que a partir de ese mes es cuando comenzó el conteo de la privación de libertad. También consideró que su cliente es objeto de una prisión ilegal, ilegitima, arbitraria y abusiva.
Mientras que el Ministerio Público había solicitado que el recurso de hábeas corpus de Martínez sea rechazado por extemporáneo, bajo el alegato de que no existe arbitrariedad ni ilegalidad de la prisión, porque la imputada está detenida por la sentencia de cinco años del tribunal de primer grado.
