POR CRISTHIAN JIMENEZ.- La aspiración de supuestos o reales perremeistas a cargos públicos no puede validar atropellos y violaciones constitucionales y legales contra ciudadanos que ejercen su derecho al trabajo.
Funcionarios que dinamitan ese sagrado derecho se escudan en la alegada vagancia de los afectados, al considerarlos “botellas” o “enemigos” políticos.
Hay casos de degradación jerárquica, arbitrarios traslados, cambios a áreas de imposible éxito técnico mientras persista la pandemia y hasta el retiro del saludo de superiores y adulones, entre otras manifestaciones de violencia sicológica.
Olvidan (algunos reales dirigentes del partido de gobierno y otros advenedizos, oportunistas o inversores de campañas electorales) el artículo 62 de la Constitución que establece que “el trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado”.
Además, el artículo 32 de la Ley de Función Pública que dicta “toda persona tendrá derecho de acceder al servicio público en condiciones de igualdad, sin más requisitos que los establecidos de conformidad con lo previsto en la presente ley y su reglamentación complementaria”.
Y en el capítulo de los Derechos Individuales de los servidores públicos cita “recibir un tratamiento justo en las relaciones interpersonales con compañeros de trabajo, superiores y subalternos, derivadas de las relaciones de trabajo” y “tener garantizadas condiciones y medio ambiente de trabajo sanos”.
La excusa de que los peledeistas “también lo hicieron” es torpe porque precisamente esos excesos forman parte de los abusos computados al momento del voto para echarlos del poder.
Los gobiernos del PLD abultaron groseramente la nómina pública, duplicaron instituciones de similares funciones y avergonzaron al país el servicio exterior, lo que obligó a la actual administración a una rigurosa corrección, avanzada ya con ahorros importantes, según ha contado el presidente Luis Abinader.
De las llamadas nominillas, usadas con criterio clientelar y multiplicadas en momentos electorales, se ha aplaudido su eliminación.
Es diferente el caso de “desvinculaciones” de los empleados de carrera y aún los de libre de remoción, que prestan un adecuado servicio. Maltratarlos y usar engañifas legales para forzar renuncias no es justo, mucho menos en un partido en construcción, aun sin votos propios.
El PRM fue beneficiario del aplastante rechazo a los excesos de la administración de Danilo Medina, pero la expresión en votos es de inquilinos de paso, volubles, vigilantes y celosos de la gerencia oficial que confió a Abinader
Las primarias del PRM revelaron un partido que no es del tamaño que hacen pensar quienes reclaman puestos oficiales y que la enorme cantidad de votos obtenidos en las elecciones del 20 para definición en primera vuelta, permite asegurar que podrían mandar a sus casas a muchos votos blancos. Los que presionan puestos y los dirigentes partidarios que instrumentalizan el reclamo y añaden presiones a un gobierno saturado, evidentemente que no piensan en eficientizar la gestión gubernamental con “sus aportes”.
Se trata, en gran medida, de los partidarios de la “vieja política” que en el fondo quieren “nominillas”, las entidades hasta triplicadas, porque desconocen otra forma de hacer política, distinta de la manipulación clientelar de la miseria.
Abinader, como “Jefe del Estado” y “Jefe de Gobierno” (leo la Constitución) y líder principal del PRM (faltándole tiempo de consolidación) debe cuidar el trato a los empleados públicos y contener las ansias de “tierra arrasada” de algunos de sus compañeros de partido.
Y que recuerde que la campaña peledeista advertía maliciosamente a los empleados públicos que los cancelarían y que Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo los enamoraban insistiéndole con ellos se quedarían.
Y pensar que entraron familias completas en algunas instituciones.
