SANTO DOMINGO.- La prohibición de la importación al país de armas y municiones desde el 2006, ha llevado un incremento a alta escala del contrabando de esos materiales bélicos, que se lleva a cabo a través de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas en el país, en detrimento del Estado y de los negocios legalmente establecidos para estos fines, afirma la Asociación Dominicana de Importadores y Vendedores de Armas de Fuego (ADIVAF).
Edris Peralta, presidente de la entidad, dijo que el organismo está dispuesto a colaborar con el Ministerio de Interior y Policía para el desarme a la población y para que se tome en cuenta en la conformación de comisiones que trabaja en la elaboración de resoluciones y regulación del comercio y tenencia de armas de fuego.
Peralta entiende que debe haber una integración de las empresas ligadas al sector de las armas, una alianza público privada, a manera que se pueda coadyuvar en el sistema de seguridad ciudadana.
Afirmó que estas inquietudes han sido externadas al ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, con quienes incluso se han reunido, pero no han recibido respuestas por parte de las autoridades de turno.
Peralta dijo que los institutos castrenses y organismos de seguridad del Estado la Fuerza Aérea Dominicana, la Armada de la República Dominicana y el Ejército de la República Dominicana han incautado numerosas armas de fuego que han intentado entrar al país de manera ilegal a través de las referidas fronteras, pero esto no ha sido suficiente para que continúe el contrabando de armas.
Indicó que el contrabando de armas crea mucho mayor accesibilidad a los criminales, debido al alto costo que debido a presión en el mercado de armas que ejerce la prohibición de las importaciones, “no solo de las armas de fuego, sino de los proyectiles y municiones que han alcanzado costos y precios inalcanzables para los usuarios”.
El empresario afirmó, además, que esto tiene un efecto en las compañías de seguridad privada en sus entrenamientos, ya que no hay capacidad de respuestas para estas compañías, que los proyectiles y municiones son herramientas para sus entrenamientos, cuya prohibición hace inaccesible las mismas.
“Estamos de acuerdo en la incautación de las armas ilegales. Ahora bien, existen armas legales en manos de ciudadanos honestos, comerciantes, que requieren de su regulación, pero que las mismas se han hecho muy difícil efectuar”, expresó.
Peralta explicó que la regulación de las armas de fuego se ha hecho difícil, debido a que los requerimientos tecnológicos que establece el ministerio de Interior y Policía no son “amigables” o de fácil entendimiento para los usuarios que no manejan la tecnología per se.
“Por eso, insistimos, en que se nos tome en cuenta en las comisiones que realizan los mecanismos para la regulación de las armas de fuego en el país. Este es nuestro negocio y queremos que sea regulado, pero que sea accesible al usuario”, dijo Peralta.
Dijo que han solicitado varias veces al ministro de Interior y Policía para que tomen en cuenta al ente comercial para hacer entender a las autoridades que la prohibición de la importación de las armas de fuego establecidas desde el año 2006 ha favorecido más al contrabando.
Agregó que esa prohibición fue levantada en el año 2011, cuando permitieron importar escopetas y municiones, pero más tarde en el año 2012 fueron prohibidas nuevamente las importaciones de las mismas bajo el alegato de que la apertura se hizo mediante unja resolución, lo que no sustituía un decreto presidencial.
Asimismo, se alegó también, que en ese momento se trabajaba en el cuerpo legislativo del país una nueva ley de armas, que finalmente fue aprobada en el año 2016 y que sustituyó la Ley 36 sobre Armas de Fuego.
Explicó que toda ley para poder aplicarse debe establecerse un reglamento de la misma pieza legislativa, como lo expresa la Ley 631-16, la misma no ha podido ser aplicada debido a que a pesar de haber transcurrido cinco años de su aprobación, el reglamento no ha podido ser establecido por el Ministerio de Interior y Policía.
“También estamos dispuestos a colaborar para la elaboración de este reglamento”, dijo Peralta.
El Ministerio de Interior y Policía tiene registradas 67,859 escopetas, 147,202 pistolas 22,710 revólveres, 1,285 rifles, 12 fusiles y 10 ametralladoras, según las estadísticas de ese órgano del Estado.
Estas son prácticamente, las mismas armas registradas desde el año 2012, ya que la prohibición de las importaciones de armas de fuego, aún se mantienen.
Las armas ilegales o que pudieran entrar de contrabando al país, por supuesto, que no pueden ser registradas oficialmente por el organismo regulador.
