SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- El Partido Alianza País (AlPaís) mostró preocupación por los problemas de acumulación de basura, desorden en el tránsito vehicular y la incapacidad de las autoridades municipales para resolver la problemática, planteando que el presidente Luis Abinader venga en auxilio de la alcaldía de este municipio y se sume a la petición de declaratorio del estado emergencia local.
La coordinación municipal de Alianza País pidió que San Francisco de Macorís sea declarado en estado de emergencia dada la situación medioambiental, el tránsito y el incumplimiento de una serie de leyes municipales.
“Estamos pidiendo al presidente Luis Abinader que, tal como lo hizo con la alcaldía de Santo Domingo Este, en la llamada zona metropolitana, venga en auxilio de la alcaldía de San Francisco”, plantea la entidad política.
También exige que el alcalde, Siquio NG de la Rosa, y el Concejo Municipal convoquen a vistas públicas para reflexionar sobre los términos del contrato con la compañía “Móvil Soluciones”, a fin de atacar el problema de la basura o, de lo contrario, que se explote la posibilidad de rescindir dicho contrato.
Refiere que el artículo 265 de la Constitución expresa que se debe actuar ante cualquier situación que contribuya a perturbar de manera grave e inminente el orden medio-ambiental y sanitario de un determinado territorio.
Esto es, remarcó AlPaís, lo que “concretamente ocurre con la laboriosa comunidad francomacorisana» y ante ello el partido, «comprometido como está con la defensa de los derechos del pueblo a vivir en sanidad ambiental y sanitaria, pasa a enumerar las razones que fundamentan nuestro pedido”.
Expone a renglón seguido que «es evidente la demostrada incapacidad del cabildo para administrar o manejar el problema de la acumulación de basura, lo cual a su vez representa una seria amenaza a la calidad de vida de los ciudadanos, por el deterioro medio-ambiental, sanitario y de ornato que ello implica para todos los francomacorisanos».
Se queja que, además, «es notoria la ausencia de un plan o de una política eficaz que señalice las vías y calles de nuestro entorno citadino a fin de orientar el tránsito vehicular y procurar disminuir los trágicos y fatales accidentes de tránsito que a diario ocurren aquí».
Además, cita la inobservancia y hasta «torpe actitud del alcalde y los regidores de irrespetar el mandato de la ley 176-07, la cual en sus artículos 235 y 236, respectivamente, ordena la celebración de los cabildos abiertos y el presupuesto participativo», para facilitar la participación democrática de las comunidades en la gestión del gobierno local.
“Es evidente -reitera el partido- la incapacidad mostrada por el gobierno local para, como lo prescribe la ley municipal ya mencionada, animar o encaminar acciones con tal de facilitar las relaciones interadministrativas con las otras instituciones del gobierno central, para recabar de ellas la cooperación o colaboración necesarias, toda vez que por las carencias financieras típicas del cabildo determinados problemas comunitarios no puedan ser intervenidos para resolverlos”
