Santo Domingo.- El juez José Alejandro Vargas aplazó hasta este martes la sesión de solicitud de medidas de coerción contra el grupo de once personas acusadas pertenecer al entramado de corrupción desarticulado mediante la operación Antipulpo, que implica a dos hermanos del expresidente Danilo Medina.
Alexis Medina, presunto cabecilla de la estructura corrupta, fue el último en escuchar la solicitud de medida de coerción, consistente en un año de prisión preventiva, además de la calificación del proceso como complejo.
Asimismo, la acusación pidió inmovilizar provisionalmente las operaciones de sus empresas para evitar que se hagan trasferencias de acciones y activos del entramado societario.
Tras diez horas y media, el titular de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional decidió continuar la sesión este martes a las 5.00 de la tarde, cuando previsiblemente anunciará la imposición de medidas coercitivas.
Piden declarar caso complejo
En la sesión de este lunes, el Ministerio Público también solicitó prisión preventiva de un año y la declaración de caso complejo para otros cinco imputados.
Se trata de Wacal Vernavel Méndez Pineda, que aparece vinculado a las empresas de Alexis Medina con diferentes atribuciones; el exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) Francisco Pagán. Previamente, en la tarde, se conocieron las solicitudes de medidas cautelares contra el exdirector de fiscalización de obras del Oisoe Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, así como contra los acusados de testaferrato Julián Esteban Suriel Suazo y Domingo Antonio Santiago Muñoz.
En la sesión del domingo la acusación pidió un año de prisión preventiva para el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa, para el exministro de Salud Pública Wilfredo Hidalgo Núñez, así como para el acusado de testaferrato José Dolores Santana Carmona.
La misma medida cautelar se solicitó para la exvicepresidenta del Fonper y hermana del expresidente Medina, Carmen Magalys Medina, mientras que para el excontralor general de la República Rafael Germosén, el Ministerio Público cambió su solicitud inicial de prisión preventiva a domiciliaria, después de que este hiciera una serie de revelaciones.
En la madrugada del pasado 29 de noviembre la Fiscalía dominicana puso en marcha una operación contra funcionarios del pasado Gobierno y proveedores del Estado que llevó a la detención del citado grupo, que desde entonces permanece en dependencias del Palacio de Justicia Ciudad Nueva de la capital.
