SANTO DOMINGO.- A través de la «Operación Coral» el Ministerio Público apresó a varias personas, a las que acusa de cometer múltiples actos de corrupción administrativas, y otros delitos, en contra del Estado dominicano.
Fue anunciada el sábado y posteriormente las autoridades informaron de los cinco primeros arrestos del caso: al jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, Adán Benoni Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán Sánchez, el teniente coronel de la Policía Nacional, el coronel Rafael Núñez De Aza, Raúl A. Girón Jiménez y Tanner Antonio Flete Guzmán.
A través de documentos de la investigación a los que tuvo acceso este diario, se conoce el supuesto ‘modus operandi’ de los acusados.
Según la PEPCA, una de las tácticas utilizadas por el presunto entramado contaba de dos pasos, el primero siendo el nombramiento irregular de cientos de policías y militares en las nóminas del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), cobrando entre 20 mil y 70 mil pesos mensuales.
La siguiente fase consistía en recibir un porcentaje de los montos señalados a cambio de bajas dádivas. Las autoridades también señalaron que en ese proceso se solían desviar sumas millonarias provenientes de los viáticos, compra de combustibles y raciones alimenticias.
Asimismo, la diferencia entre lo pagado y la dadiva era subsecuentemente repartida entre miembros de esta sociedad, en formas de depósitos y transacciones, de acuerdo con la PEPCA.
Los documentos señalan otro esquema predilecto de los imputados. Se trata de varios pagos percibidos por empresas del grupo, hechos por unidades y organismos de seguridad del Estado.
“Las empresas imputadas Único Real State e Inversiones SRL y la Asociación Campesina Madre Tierra, recibían fondos de algunas instituciones castrenses por concepto de ‘compras de huevos’, ‘compras de ganado’, y otros depósitos sin concepto, para los cuales utilizaban al imputado cabo de la Policía Nacional Eric Daniel Pereyra Núñez, entre otras personas investigadas”, leía parte de la solicitud.
Además, la misma señala que Adán Benoni Cáceres actualmente sigue recibiendo dinero de estas actividades ilícitas.
Coalición de funcionarios
Los documentos indican que Cáceres no podía seguir justificando los bienes que había adquirido, por lo que se asoció con los coimputados.
La PEPCA informó que en su condición de director del CUSEP, Cáceres y Núñez De Aza, este último se desempeñaba como gerente financiero del CUSEP y CESTUR, utilizaban militares subalternos para depositar pagos a las cuentas de las compañías del entramado.
Similarmente, se asociaron con Raúl A. Girón Jiménez, funcionario nombrado como programador de nóminas del CUSEP y encargado de tecnología del Cestur.
La modalidad era la siguiente: a Girón Jiménez le asignaron un salario adicional al que recibía del CUSEP de RD$180,000 mensuales, que eran depositados a una cuenta distinta a la de la nómina.
Ese dinero se materializaba en forma de depósitos para Núñez de Aza, la empresa Único Real State e Inversiones, una de las compañías que supuestamente la pastora Rossy Guzmán le administraba a Cáceres; y la misma pastora, a modo de pago de préstamos.
Lavado
La PEPCA calificó a uno de los detenidos, Rafael Núñez de Aza, como “uno de los cerebros financieros principales”, a quien acusa de crímenes como estafa, coalición de funcionarios y lavado de activos, este último sirviendo como vínculo entre el coronel y Rossy Guzmán.
Esta unidad de persecución indicó que Guzmán creó varias empresas con ese fin, señalando específicamente Único Real State, una de las compañías que supuestamente la pastora le administraba a Adán Benoni Cáceres.
De igual forma citó una de las presuntas instancias de lavados ocurridas con la referida empresa, señalando la compra r apartamento ubicado en Balcones del Atlántico en Las Terrenas, provincia Samaná.
“Ese apartamento aparece con un supuesto préstamo que realizó el coimputado Raúl Girón, pero todo es una operación de lavado de activos”, puntualizaron las autoridades.
Coerción
El conocimiento de la medida de coerción para los acusados en la Operación Coral está pautado a iniciar este miércoles a las 11 de la mañana.
El Ministerio Público anunció que los imputados enfrentarán cargos de estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y lavado de activos provenientes de actos de corrupción, por lo que pedirán un año de prisión preventiva para los involucrados.
