El presidente brasileño calificó de “payasada” a la comisión investigadora que recomendó inculparlo de delitos como “crímenes contra la humanidad”, por su gestión de la pandemia.
El informe sobre la pandemia que acusa de crímenes contra la humanidad al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llegó ayer a la Fiscalía General, que analizará unas imputaciones que el mandatario ya ha calificado de “payasada”.
El martes, siete de los 11 senadores que investigaron la gestión del gobierno de la pandemia avalaron el texto presentado por el senador Renan Calheiros la semana pasada, en el que recomienda inculpar al gobernante de una decena de delitos, entre ellos “crímenes contra la humanidad”, favorecer una epidemia que resultó en muerte y “charlatanismo”. También pide inculpar a otras 77 personas, incluyendo varios ministros y exministros, a tres de los hijos del mandatario, dos empresas y una decena de legisladores, que por su condición de aforados solo pueden ser investigados por ese organismo.
El documento fue recibido por el fiscal general, Augusto Aras, que se comprometió a estudiar las acusaciones.
La comisión dice haber recabado graves indicios sobre la supuesta responsabilidad del Gobierno en el agravamiento de la pandemia, que ya ha matado en el país a más de 606 mil personas.
En el caso de Bolsonaro son nueve acusaciones entre ellas, crímenes contra la humanidad, infracción de medidas sanitarias, incitación al delito y atentados contra la dignidad del cargo.
“El Fiscal General debe ser defensor de los derechos del pueblo y no del Gobierno de turno. Estaremos vigilantes”, declaró el senador Randolfe Rodrigues, vicepresidente de la comisión, tras la entrega del informe. Aludió así a las dudas que existen en la oposición en relación a Aras, un fiscal alineado muchas veces con el Gobierno y que durante los dos últimos años ha archivado unas 90 denuncias presentadas contra Bolsonaro por diversos asuntos.
Aras no hizo declaraciones a los periodistas, pero la fiscalía publicó en sus redes sociales que “esta comisión ha producido resultados”, los cuales se traducen en “denuncias” que ese organismo se propone investigar, aunque no tiene un plazo legal para ello.
El informe será entregado también a otras instancias para que investiguen a los no aforados y, en el caso de Bolsonaro, será remitido incluso a la Corte Penal Internacional de La Haya.
En su primera reacción tras la aprobación del informe, Bolsonaro volvió a descalificar a la comisión parlamentaria y aseguró que ese grupo fue movido estrictamente por intereses políticos que apuntan a desgastar a su Gobierno de cara a las elecciones presidenciales de 2022, en las que aspira a renovar su mandato. “Eso es una payasada”, declaró el mandatario en una entrevista con la emisora ‘Jovem Pan’, aunque admitió que un informe de esa naturaleza “causa muchos problemas”.
Bolsonaro aseguró que no está preocupado con su futuro, pues el informe de la comisión parlamentaria “no vale nada”, pero reconoció que “hacia afuera de Brasil la imagen es pésima” y afecta hasta la economía del país.
EFE
