POR DANILO CRUZ PICHARDO.- Luis Abinader negó en La Semanal (¡Búsquenlo en Youtube!) el denunciado déficit de Senasa, pese a ser el hombre mejor informado del país.
Después de tener “el agua al cuello” autorizó investigación y se destapa una caja de pandora. Sale a la luz una avalancha de irregularidades de consecuencias imprevistas, que estuvieron ocultas durante cinco años de forma inexplicable, porque para evitar robo al erario están organismos como la Cámara de Cuentas, Contraloría General de la República, Compra y Contrataciones, Tesorería Nacional, Superintendencia de Bancos, Dirección de Ética, entre otros. ¿No hubo hallazgos irregulares o nadie se atrevió a anunciarlo?
El hecho es que en pleno diciembre, con todo y las fiestas navideñas, en las redes sociales, solo se habla del escándalo Senasa, un caso que luce indetenible, sobre el cual ya hay ocho personas apresadas de manera preventiva en una primera fase. Y desde la Procuraduría se anunciacomplejidad, continuidad de la investigación y más implicados.
Inicialmente se habló de un faltante de 15 mil millones de pesos, pero fuentes crediticias aseguran que esa cifra se multiplicaría.
Hasta el momento el imputado que carga con la mayor responsabilidad es el doctor Santiago Hazim, antiguo director del Senasa, designado en el cargo desde el período de transición del 2020, por haber dirigido el grupo del sector externo OLA, que se dice hizo un gran aporte, inclusive económico, al hoy presidente de la República.
Pero ha salido a relucir el nombre de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, a quien vinculan con una ARS de su familia, venta de vacunas donadas por China y otro expediente sobre jeringuillas.
La vicepresidenta Peña es jefa de gabinetes de Salud, Educación, Energía e Inversión, designada por el presidente Abinader.
El panorama se complica, pues el pastor CarlosPeña sometió a 38 funcionarios, a los que acusa de corrupción. Ya antes había pedido a la JCE despojar de personaría jurídica al PRM por sus comprobados vínculos con el narcotráfico.
De igual manera, Julio Hazim asegura que la campaña electoral del PRM del 2020 fue sustentada económicamente por el narcotráfico y la del 2024 por Senasa, sin que el Gobierno se haya referido a la grave acusación.
El economista Juan Ariel Jiménez dice tener pruebas de agujero en el Banco Agrícola y en el seguro del Banco de Reservas.
Otros demandan auditorías a Tony Peña Guaba y Gloria Reyes. Y se denuncia que Paíno Henríquez ha concedido permisos medioambientales en violación a la ley.
Los actos de corrupción pública se unen al disgustode la población ante el costo de la vida, la inseguridad ciudadana, el deterioro de la oferta eléctrica, la falta de inversiones y a una cadena interminable de empréstitos que afectarían la soberanía nacional.
Ante esa situación, ha transcendido que el mes de enero de 2026 se registrarían protestas.
Hay razones sobradas para protestar, pero sin salirse de lo establecido en los artículos 8 y 49 de la Constitución. Protestas pacíficas.
