POR JUAN TAVERAS HERNANDEZ.- En una reunión de amigos uno de ellos dijo: “Uno de estos días un dirigente político, un funcionario público, un empresario, un artista o un ciudadano común se tomará la justicia en sus manos al sentirse difamado o injuriado por un extorsionador, chantajista y difamador, impotente ante la falta de protección del Estado, garante de la privacidad y el buen nombre de todos los ciudadanos, incluyendo el presidente de la República que constantemente es vilipendiado y acusado de crímenes y delitos sin aportar ningún elemento probatorio”.
Tenía razón ese amigo. Efectivamente, uno de estos días, un político, funcionario, empresario, militar, artista o ciudadano común, al sentirse difamado o injuriado, tomará la justicia en sus manos y cometerá un homicidio. ¡Sí, matará a sangre fría, a un sicario de los que abundan hoy en los medios de comunicación!
“Difama, difama, que algo queda”, parece ser la consigna.
Le preguntaba yo a una funcionaria gubernamental, ¿qué se puede hacer para evitar la prostitución, la vulgaridad, la obscenidad, las “malas palabras”, la difamación y la injuria que escuchamos y vemos todos los días en las redes sociales y en las plataformas digitales? “Es poco lo que se puede hacer. No hacerle caso, no prestarle atención y continuar trabajando con transparencia y honestidad”, fue su respuesta.
En pocas palabras: todos los ciudadanos estamos indefensos, expuestos a la difamación y la injuria, porque la justicia no actúa. “someter a la justicia a esos extorsionadores profesionales no tiene mucho caso; es perder dinero en abogados y tiempo en los tribunales”.
Es por eso que, un día no muy lejano, ante la rabia y la impotencia, alguien, muy molesto, rabioso, se presentará a una emisora de radio, un canal de televisión, una plataforma digital y comenzará a disparar como un loco, matando a todo el que esté cerca.
La Constitución y las leyes protegen, por ejemplo, la figura del presidente de la República. Sin embargo, nadie es más vilipendiado, insultado, difamado, injuriado y ofendido en el plano político, personal y hasta familiar, que el presidente Luís Abinader. Lo mismo ocurría con otros exmandatarios. En ningún caso se presentan pruebas documentales.
No olvido que el exsenador Peravia, Wilton Guerrero, llegó a decir en medio de una campaña que Hipólito Mejía había viajado en un avión de un famoso narcotraficante. Se trataba de una vulgar difamación. La justicia tardó siete largos años, a instancia del propio exmandatario, para emitir una sentencia. (Justicia tardía, justicia negada).
No existe un solo organismo del Estado que evite la vulgaridad, el mal gusto, las ofensas y la degradación de los medios de comunicación.
La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía desapareció, por lo menos en los hechos.
