La medianoche del miércoles marcó el inicio del primer cierre del gobierno federal en siete años en Estados Unidos, luego del fracaso de un acuerdo en el Senado. La medida afecta de inmediato a la comunidad latina, ya que miles de hispanos trabajan en agencias gubernamentales y dependen de estas instituciones para su sustento económico.
De acuerdo con Reuters, el “shutdown” paraliza operaciones no esenciales y limita el funcionamiento de embajadas, consulados y oficinas administrativas, lo que genera un impacto considerable en familias de inmigrantes.
Los programas de salud como Medicare y Medicaid continúan activos, aunque la escasez de personal amenaza con retrasar servicios básicos. El Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional mantienen la mayor parte de sus operaciones, lo que incluye a tropas y agentes fronterizos que deberán trabajar sin recibir paga mientras dure la crisis.
En contraste, unos 750,000 empleados federales han sido enviados a casa sin sueldo, mientras que otros deberán seguir laborando bajo la figura de “trabajo esencial sin remuneración inmediata”.
Embajada de EE. UU. en República Dominicana limita sus operaciones
La paralización también se refleja fuera del territorio estadounidense. En República Dominicana, la embajada norteamericana informó que sus redes sociales solo difundirán alertas de seguridad y que los trámites de pasaportes y visas dependerán de la evolución de la crisis.
La comunidad latina y su rol en el empleo federal
El Pew Research Center estima que el gobierno federal emplea a más de 3 millones de personas, equivalentes al 1,87% de la fuerza laboral civil del país. Sin embargo, los hispanos solo representan el 10,5% de los trabajadores federales, a pesar de que constituyen casi el 19,5% de la fuerza laboral general.
Este desbalance refleja una menor presencia latina en el aparato estatal, lo que los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad frente a recortes o paralizaciones.
El cierre responde a la política del presidente electo Donald Trump de reducir el tamaño del Estado federal y limitar su alcance. El mandatario ha defendido públicamente estas medidas como un esfuerzo para “reformar el gasto público” y obligar al Congreso a replantear las prioridades nacionales.
Sin embargo, para comunidades vulnerables como la hispana, la estrategia implica una interrupción en ingresos familiares y retrasos en procesos clave como solicitudes migratorias, becas y beneficios sociales.
En términos demográficos, la fuerza laboral federal es mayoritariamente masculina (53,8%) y con un alto porcentaje de trabajadores mayores de 55 años (28,1%). En comparación, menos del 9% son menores de 30 años.
Cuando se refiere a lo racial, los empleados afroamericanos están sobrerrepresentados en el gobierno (18,6% frente a 12,8% en la fuerza laboral general), mientras que los latinos siguen estando subrepresentados en relación con su peso poblacional.
Más allá de los números, el shutdown genera incertidumbre en familias hispanas que dependen de estos salarios y beneficios para cubrir gastos básicos. Retrasos en pagos, suspensión de servicios y limitaciones en trámites migratorios golpean directamente a una comunidad que ya enfrenta barreras estructurales en el acceso a empleos estables y bien remunerados.
ESTHER SANTOS
