SANTO DOMINGO.- A dieciocho días de registrarse el colapso de la discoteca Jet Set, la sociedad dominicana continúa conmovida de la considerada “tragedia del siglo”, que acarrea un saldo de 232 fallecidos en medio de un creciente clamor de justicia.
La zona cero de la catástrofe se convirtió en un escenario de recordación a las víctimas, a través de ofrendas florales y encendido de velas. Ahora, está repleta de cartelones que buscan acción de las autoridades.
En la acera de la avenida Independencia continúa elevada la valla publicitaria que invitaba a la fiesta amenizada por el merenguero Rubby Pérez, quien también falleció. Y en contraste con esta, las flores ya disecadas.
Los ciudadanos curiosos que han sufrido el duelo nacional acuden al lugar para capturar fotos y videos, en tantos a ellos les dirigen los mensajes en carteles bien diseñados como el que reza: “no olvidemos a quienes la ‘negligencia´ nos arrebató”.
Las expresiones gráficas recogen las mismas impresiones que relucen en redes sociales, como es: “sus voces callaron, pero sus memorias gritan ¡justicia!”. Entre otros mensajes sentenciosos de tipo: “exigimos condenas, ¡no excusas!”.
En la mañana del sábado, el interior del otrora centro de diversiones se encontró custodiado por cuatro agentes de la Policía Nacional en estado de descanso, utilizando dispositivos electrónicos y permanentemente sentados.
En este contexto, los medios de comunicación han reseñado la existencia de varias demandadas elevadas contra los propietarios de la discoteca, incluyendo la más reciente que envuelve a Antonio Espaillat López, Ana Gracia López, Maribel Espaillat de Beras y Evely Espaillat de Aybar e Inversiones E y L, SRL.
Está contenida en una instancia por parte de familiares de una «empresaria de alto nivel», constituidos en actor civil, pidiendo a la Fiscalía del Distrito Nacional que solicite la prisión preventiva.
Es una querella presentada por la señora Cynthia Mercedes Nadal Porro, madre de Catherine Marie Najri Nadal, una de las víctimas mortales del suceso, con la cual apoderan al juez presidente de los juzgados de instrucción, a los fines de que se les imponga una medida de coerción para evitar su ocultamiento y evasión de la persecución penal.
Por su parte, una comisión de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones (Onesvie) tiene en su haber un proceso de peritaje que determine las causas del derrumbe, quienes evalúan la calidad de los materiales.
CARLOS MORETA
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