POR NARCISO ISA CONDE.- La dramática situación política, económica, social y cultural en que despliega su existencia laboral y familiar la clase trabajadora dominicana la emplaza a potenciar su indignación soterrada y a convertirla en movilización y rebeldía a nivel territorial.
Es pertinente exigir un nuevo código laboral que incluya la conexión del salario mínimo con el costo de la Canasta Básica Familiar y la “indexación automática” a tono con los niveles de inflación: a mayor incremento de los precios de mercancías y servicios, igual aumento del salario.
Consolidar el auxilio de cesantía. Ampliar la sindicalización y establecer la negociación colectiva. Cerrar las brechas de género y garantizar a hombres y mujeres el principio «a igual trabajo, igual salario». Eliminar los supuestos «períodos de prueba» y toda práctica de precarización jurídica del trabajo.
En materia de reformas estructurales, hay que desprivatizar los servicios de salud, garantizándole al pueblo trabajador y a sus familias un servicio de salud pública de calidad y universal, que haga innecesario la existencia de las ARS privadas.
Crear un sistema público de pensiones que supere las parasitarias AFP privadas y garantice a la población trabajadora pensiones dignas y retiro con calidad de vida. El sistema educativo debe ser público y de calidad.
Hay que ampliar el mercado interno, aumentar la producción con más valor agregado y apoyar consistentemente a las MIPYMES como principales empleadoras.
En este país el régimen empresarial es casi policial, lo que explica un alto grado de anulación de la libertad sindical. Existen centrales famélicas y pocos sindicatos, la mayoría con dirigentes dóciles. La clase trabajadora está forzada a luchar en el territorio, fuera de fábricas y de sus centros de trabajo.
La tripleta negociadora es espuria y pro patronal: Gobierno, CONEP y centrales, lo que determina que el Código sea bloqueado por el interés empresarial de tumbar la cesantía e introducir nuevas cláusulas a su favor, con el pretexto de la modernización.
Con la ayuda de este gobierno empresarial, del Congreso corrupto y de un sindicalismo débil y esencialmente dócil, van de robo. El gobierno, a pesar de prometer aprobar el Código con lo ya consensuado, no lo ha hecho. El poder empresarial se lo ha impedido.
La cesantía es el único desacuerdo entre ellos. El costo de eliminarla determina que sindicalistas dóciles y gobierno rechacen eliminarla. El Código sigue bloqueado.
El recurso disponible para desbloquearlo y reivindicar al trabajo frente al capital, es fortalecer la unidad de todo aquel que viva de su trabajo con los demás sectores empobrecidos, y tomar las calles contra una carestía insoportable.
