El abogado Rudy Giuliani, el que fuera representante legal del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, se ha declarado en bancarrota tras ser condenado a pagar 148 millones de dólares (135 millones de euros) a dos trabajadoras a las que acusó de amañar los resultados electorales en el estado de Georgia en 2020.
Giuliani ha detallado que tiene deudas de entre 100 y 500 millones de dólares (entre 91 y 455 millones de euros), mientras que cuenta con activos por valor de hasta 10 millones de dólares (9 millones de euros), según ha recogido la cadena estadounidense CNN.
«El proceso no debería sorprenderle a nadie», ha señalado este jueves su asesor político, Ted Goodman, agregando que «nadie podría creer» que Giuliani «sería capaz de pagar una cantidad tan elevada» de dinero tras ser condenado por daños y perjuicios.
Las dos demandantes, Ruby Freeman y Shaye Moss, ambas madre e hija, presentaron una demanda contra Giuliani después de que el exalcalde de Nueva York las acusara de amañar los resultados electorales para favorecer al ahora presidente, Joe Biden.
Un jurado popular formado por ocho personas determinó a mediados de diciembre que el abogado tendría que pagar a cada una de las trabajadoras 20 millones por «estrés emocional», así como 75 millones a las dos por «daños punitivos». Asimismo, Freeman debería recibir 16,1 millones en concepto de difamación mientras que Giuliani tendrá que pagar a Moss casi 16,9 millones por lo mismo.
Giuliani aseguró que ambas fueron captadas en un vídeo de vigilancia pasando unidades USB para ayudar a Biden a hacer trampas, si bien las demandantes testificaron bajo juramento que en realidad se trataba de un caramelo de menta.
La Fiscalía de Georgia ya exculpó con anterioridad a ambas empleadas electorales de cualquier delito. Giuliani tuvo que pagar una multa previa de más de 230.000 dólares (209.000 euros) a Freeman y Moss tras negarse a entregar en repetidas ocasiones información solicitada en el marco del juicio.
Giuliani y Trump figuran entre las 19 personas imputadas por su supuesta implicación en una red criminal que tenía por objetivo revertir los resultados de las elecciones de 2020. Ambos se enfrentan a un total de 13 cargos estatales.
EUROPA PRESS
