POR CRISTHIAN JIMENEZ.- “El fraude descubierto en el Seguro Nacional de Salud no es un accidente. No es un fallo administrativo aislado ni una desviación puntual que pueda explicarse como error humano o desorden institucional. Lo que hoy estalla en SENASA es la consecuencia previsible —y anunciada— de un modelo político que convirtió al Estado en extensión de la competencia electoral, a las instituciones públicas en espacios de retribución política y al financiamiento de la política en el verdadero centro de poder. Cuando ese modelo se impone, la pregunta no es si habrá corrupción, sino cuándo y en qué magnitud”.
“Las cifras que investiga el Ministerio Público son elocuentes: un fraude que podría superar los quince mil millones de pesos. La procuradora general lo ha descrito como un esquema “cruel y siniestro”. Pero incluso esa calificación se queda corta si se mira el contexto político que lo hizo posible”.
“Porque el problema de fondo no es solo el delito, sino la puerta por la que se entró al poder. Resulta imposible ignorar una pregunta central: ¿cómo una de las instituciones más sensibles del Estado dominicano, responsable de garantizar la salud de más de siete millones de personas, terminó bajo la dirección de alguien cuya principal experiencia previa fue encabezar el sector externo de una campaña presidencial, es decir, la estructura encargada de recaudar fondos y articular apoyos económicos?”
“En una democracia que funcione, quien administra miles de millones en recursos públicos, gestiona riesgos financieros y define políticas sanitarias debería llegar por mérito técnico, conocimiento del sistema de seguridad social y trayectoria en gestión pública. En la política dominicana, con demasiada frecuencia, se llega por otra vía: por la capacidad de recaudar, por la cercanía con el poder y por el rol jugado durante la campaña. SENASA no fue una excepción: fue la confirmación de una regla que el país ha normalizado peligrosamente”.
“Este caso adquiere una dimensión aún más grave cuando se coloca en el contexto político actual. El presidente de la República ha reiterado en múltiples ocasiones que en su gobierno no habrá impunidad. Ese compromiso es importante, pero hoy resulta insuficiente. Porque aquí no se trata únicamente de castigar a los responsables una vez cometido el daño. La magnitud de la afrenta es tal que no basta con decir “lo someto”. Hay hechos que, por su naturaleza y por el momento histórico en que ocurren, sencillamente no podían pasar”.
“Este gobierno llegó al poder interpretando —y beneficiándose políticamente— de la lucha de miles de ciudadanos que, desde las calles, enfrentaron la corrupción y la impunidad como sistema. Marcha Verde fue un mandato social que exigía algo más que persecución judicial posterior. Exigía que el Estado dejara de ser administrado como una extensión de campañas y pactos políticos”.
“Por eso el caso SENASA no es solo un problema judicial: es un quiebre moral. Estamos ante el seguro público de salud y ante una administración que prometió un cambio de paradigma. Que algo así haya ocurrido no puede explicarse solo con responsabilidades individuales. Revela una falla estructural: la política sigue entrando al Estado por la misma puerta de siempre”.
“El núcleo del problema es claro y persistente: la política dominicana se ha vuelto deliberadamente cara. Expulsa a la ciudadanía común, bloquea la participación democrática y convierte al Estado en el mecanismo de retorno de la inversión política”.
“SENASA es el corazón social del Estado dominicano. Cuando el sistema de salud se convierte en escenario de retribución política, el daño trasciende lo financiero y se convierte en una agresión directa a la dignidad humana”.
(Reflexión de un lector que mantiene apoyo crítico a Abinader. Editada por razones de espacio).
