POR CRISTHIAN JIMENEZ.- Impresionante con la facilidad que corre la mentira. Es como río desbordado. Con la gravedad de que algunos diques periodísticos actúan como el llamado himen complaciente. La verdad ya no interesa. Hay que inventar historias impactantes, que no siempre inocentes. El tema es generar tendencias que “ablanden” a funcionarios, políticos y empresarios.
El terreno digital es el más fértil. Un individuo planta un “periódico” o portal, copia las noticias de los medios acreditados, agregando cierto sazón, y monta su provechoso paredón. Otros abusan en el maravilloso youtube. (Claro, hay comunicadores que realizan una seria y honrosa labor en esos ámbitos).
Se acusa alegremente con los peores calificativos, “según fuentes”, y a partir de ahí se concluye que el funcionario difamado es un corrupto que debe ser echado del cargo.
Estos individuos no contrastan las informaciones como enseña el buen periodismo y la canalla mediática se alborota de inmediato, solo por el ominoso titular o el comentario artero.
Lo grave es que entran al ruedo medios, programas, periodistas, comentaristas a amplificar el invento, aunque no todos lo validen como cierto. Si es tendencia o tiene mucho tráfico en las redes, nadie se quiere quedar fuera.
Cuando los afectados reclaman aclaraciones, aportándoles datos reales verificables, los difamadores rehúsan el elemental y legal derecho a réplica. Y, cosas veredes, alegan persecución.
En el trastorno, un reclamo es convertido en “intimación”, pero cuando se solicita que muestre el acto de alguacil, se cambia a “intimidación” a “periodistas”. Hasta reales profesionales caen en la trampa.
Algunos siguen imputando situaciones ya aclaradas en más de un documento publicado. Simplemente, no se leen las informaciones o deliberadamente se quieren sembrar dudas y dañar reputaciones.
El momento electoral abona la confrontación y hace más cuesta arriba la búsqueda de una verdad, que parece a nadie importa.
Como no se escucha al “acusado”, el responsable del órgano rector de las contrataciones públicas, aclara que no hay dolo, que todo está en orden, pero tampoco se le quiere oir.
Se alegó que ambos vienen de la sociedad civil, obviando maliciosamente que Carlos Pimentel ha anulado procesos que han afectado a figuras prominentes de esos colectivos y a personajes importantes del partido de gobierno.
Aclaró que fue Optic y no Contrataciones Públicas anuló el proceso para la adquisición de la plataforma Red de Datos en Salud (para lograr el expediente único de salud), que no es un software, y que fue un tema de plazos y ejecución de presupuesto por el fin de año. Adelantó que se lanzará en enero.
El contrato no es “de urgencia”, sino de proveedor único y recae en una empresa norteamericana, sola con dos certificaciones en manejo de data de salud. Ninguna otra empresa local e internacional ha mostrado interés.
La empresa Heath Gorilla se constituyó en noviembre en el país, luego de mostrar su interés en proveer la plataforma, sin socios locales.
En fin, todas estas cosas han sido aclaradas, pero luego que se tira lodo no se quiere recoger.
Se pasó, entonces a cuestionar los “alquileres” de los centros de servicios públicos, puntos GOB, por montos globales de hasta 300 millones de pesos.
Bartolomé Pujals ha aclarado hasta la saciedad, que no es simplemente alquiler, sino contratos llave en mano a 5 años y que implican adecuación (equipamiento, climatización, centro de datos, seguridad) y mantenimiento. Deben ser en plazas con facilidad de acceso público.
El fondo es otro: hay intereses económicos y políticos, dentro y fuera del gobierno que no gustan de la transparencia y que recelan de su futuro como hombre público. Además, los desplazados del poder en el 20, le cobran sus luchas ciudadanas.
