A julio de 2024 las pérdidas totales acumuladas de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) alcanzaron el 43.9%.
SANTO DOMINGO.- Eso significa que por cada 100 gigavatio-hora de energía (GWh) comprada las EDE perdieron el equivalente a 44 gigavatios-hora (GWh). Lo que equivale a US$742 millones solo por pérdidas de energía comprada y no cobrada a los usuarios. Esto según el último informe de desempeño elaborado por el Ministerio de Energía y Minas.
A julio de 2024, las EDE compraron 11,493.3 GWh. De ese monto, 4,381.9 GWh no pudieron ser facturados; por lo tanto, representaron energía perdida. El cociente de los dos valores anteriores representó una pérdida equivalente a 38.1%.
Según cifras analizadas por el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees) por otro lado, en este periodo las EDE cobraron 6,699.0 GWh de los 7,111.3 GWh facturados, lo que arroja una diferencia de 412.3 GWh de energía no cobrada, equivalente a un 5.8%. La suma de ambos porcentajes representa el 43.9% de pérdidas totales a julio de 2024. Según la Ley de Presupuesto 2024, se tiene previsto que las EDE reciban RD$86,393.0 millones a través de transferencias corrientes. Hasta septiembre, según los últimos datos publicados por la Dirección General de Presupuesto, se ejecutaron RD$69,135.5 millones.
Por otro lado, el proyecto de Ley de Presupuesto para 2025 propone que las EDE reciban transferencias por RD$83,360.7 millones, lo que representa un 5.6% del gasto total del Gobierno central.
Aunque este monto puede estar subvaluado debido a que no se vislumbra un plan efectivo de reducción de pérdidas en el corto plazo y a los posibles incrementos en los precios de las materias primas energéticas. Esto evidencia la continuidad en el uso de fondos públicos para cubrir la ineficiencia de las empresas distribuidoras, que imponen una carga significativa sobre las finanzas del Estado y resalta la necesidad de una reforma integral.
Las autoridades han anunciado un plan en el que se proyecta una reducción del déficit para 2027, sin embargo, los datos antes mencionados demuestran que se necesitan cambios urgentes para no continuar con el mal uso de los recursos del contribuyente.
Mantener la administración de las EDE dentro del sector público –dice el Crees- ha demostrado agravar consistentemente sus niveles de pérdidas a lo largo del tiempo. Sin la presión de operar eficientemente y evitar pérdidas, estas empresas siguen dependiendo del dinero de los contribuyentes para financiar su funcionamiento.
La única forma de generar incentivos para la eficiencia es permitiendo que las distribuidoras de energía sean gestionadas por entidades privadas que inviertan en ellas. Cuando los inversionistas arriesgan su capital, tienen el incentivo de generar beneficios y ofrecer un servicio de calidad que satisfaga a los consumidores.
De lo contrario, si persiste el financiamiento y la administración pública, las pérdidas de energía continuarán representando un costo para la sociedad, cubierto mediante impuestos o un mayor endeudamiento público.
En septiembre de este año, el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, Celso Marranzini, aseguró que, aunque el país ha avanzado en generación eléctrica con plantas eficientes y modernas y suficiente energía, la distribución es el principal desafío.
Celso ha reconocido que existe un gran problema
Marranzini recordó el mes pasado en una entrevista con el periódico elCaribe y CDN37 que, pese a las mejoras en el sector, alrededor de 800 mil clientes no pagan el servicio eléctrico, lo que afecta la sostenibilidad del sistema. Además, enfatizó la necesidad de continuar con la instalación de medidores y la adquisición de transformadores de distribución, así como con los esfuerzos para ordenar el cableado eléctrico en áreas urbanas.
EL CARIBE
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