Santo Domingo.– El Consejo de Defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, negó este viernes de manera categórica que su cliente haya alcanzado algún acuerdo o negociación con el Ministerio Público y calificó como una estrategia para desviar la atención las recientes declaraciones sobre el proceso judicial que enfrenta.
La defensa sostuvo que el debate central que deberá resolver el próximo lunes 17 de agosto el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional no gira en torno al fondo de las acusaciones, sino a la solicitud de extinción del proceso, debido a que este ya alcanza casi seis años, por encima del plazo máximo de cuatro años establecido en el artículo 150 del Código Procesal Penal.
Los abogados afirmaron que, luego del debate público generado esta semana sobre la procedencia de la extinción y de las posiciones expresadas por sectores de la comunidad jurídica, el Ministerio Público ha intentado trasladar nuevamente la discusión hacia las imputaciones de fondo, incluyendo referencias a las llamadas “34 líneas de investigación”, el supuesto “blindaje” del expediente y presuntos acuerdos.
“No existe ningún acuerdo ni negociación por parte de Jean Alain Rodríguez”, afirmó el Consejo de Defensa, que rechazó categóricamente cualquier versión en ese sentido.
“Quizás el Ministerio Público esté confundiendo este proceso con otros casos en los que sí se han discutido acuerdos, como el que se rumora respecto al caso SENASA”, agregó la defensa.
Los abogados insistieron en que lo que está sobre la mesa es una solicitud de extinción que debe ser decidida por el tribunal conforme a la legislación vigente.
En ese sentido, cuestionaron al Ministerio Público por no explicar, a su juicio, las razones por las que el proceso se ha extendido durante casi seis años. Citaron tres decisiones judiciales, incluida la sentencia núm. 059-2023-SRES-00003 del Tercer Juzgado de la Instrucción, mediante las cuales, según sostienen, se descartó que las dilaciones fueran atribuibles a Jean Alain Rodríguez y se estableció que parte de los retrasos fueron generados por el órgano acusador.
La defensa enumeró entre las situaciones que, según su versión, provocaron las dilaciones una investigación que se extendió por dos años, solicitudes de prórroga, intimaciones para depositar la acusación, entrega tardía de documentos, supuesto desacato de decisiones judiciales y la presentación de una acusación de más de 12,000 páginas.
También cuestionó la entrega de un disco duro que calificó de defectuoso, con unas 3,000 pruebas y 666,000 archivos, así como la inclusión de documentos que, según los abogados, corresponderían a otros procesos.
“Esas son las dilaciones y deficiencias que el Ministerio Público debe explicar antes de pretender trasladar al imputado las consecuencias del vencimiento del plazo legal”, sostuvo el Consejo de Defensa.
Los abogados consideraron que las declaraciones del Ministerio Público buscan generar presión pública sobre los jueces y desviar la atención del aspecto jurídico que deberá ser decidido el próximo lunes.
“Ya desmontamos esas 34 imputaciones y lo haremos cuantas veces sea necesario. Pero ese no es el debate que debe distraer hoy al país”, afirmó la defensa.
Finalmente, plantearon que la cuestión que debe resolver el tribunal es si el Estado puede mantener abierto durante casi seis años un proceso penal cuando la legislación establece un plazo máximo de cuatro años para la persecución penal.
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