SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados avanzó este lunes en la lectura completa del proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, cuyo plazo para ser aprobado vence el 11 de diciembre por orden del Tribunal Constitucional (TC).
La sesión inició a las 2:40 de la tarde y se extendió más allá de las 8:00 de la noche. Aun así, quedaron pendientes 46 de las 166 páginas que deben leerse antes de comenzar el debate.
El presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, enfatizó la importancia de revisar cada detalle del documento, al señalar que se trata de una reforma “delicada”, similar al Código Penal y la Ley de Extinción de Dominio.
Pacheco recordó que la sentencia del Tribunal Constitucional establece que, si el Congreso no aprueba el nuevo código antes del 11 de diciembre, el actual quedará fuera del ordenamiento jurídico, lo que podría generar un vacío legal en materia procesal penal.
Modificaciones obligarán a devolver la pieza al Senado
El presidente de la Cámara también adelantó que el proyecto aprobado por el Senado no pasará “tal cual” por los diputados.
Debido a estas modificaciones, la iniciativa deberá regresar al Senado para cumplir con el procedimiento legislativo y someterse a una nueva votación.
Pacheco destacó que la redacción del informe final contó con la participación de representantes de distintos poderes del Estado y actores del sistema de justicia, lo que refuerza la relevancia del debate.
Debates iniciarán este martes
Debido a lo avanzado de la hora, el pleno decidió dejar las discusiones para este martes.
La sesión fue convocada para las 10:30 de la mañana, con la meta de terminar la lectura entre 11:30 y 12:00 del mediodía. A partir de ahí, los debates podrían arrancar entre las 12:00 y las 12:30 de la tarde.
Pacheco aseguró que los diputados llegarán “preparados” para discutir el texto hasta la hora que sea necesaria.
El proyecto del nuevo Código Procesal Penal contiene más de 400 artículos y es considerado urgente debido a las implicaciones legales que tendría su no aprobación a tiempo.
El Congreso trabaja contrarreloj para evitar que el país quede sin un marco normativo que regule los procesos penales.
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