La acusación penal que Estados Unidos presentó en 2020 contra Nicolás Maduro fue concebida como un gesto político de alto voltaje. En pleno año electoral y bajo la presidencia de Donald Trump, el Departamento de Justicia retrató al mandatario venezolano no solo como un gobernante autoritario, sino como el jefe de una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico: el llamado “Cártel de los Soles”. Cinco años después, ese relato ha sido reescrito con discreción administrativa y sin anuncio público. La nueva versión del expediente elimina la afirmación más grave: que Maduro liderara un cártel estructurado.
La modificación se revela tras la revisión de ambas versiones, la de 2020 y la de 2026, presentada por la Fiscal General de EE. UU. Pam Bondi. En ella, el Departamento de Justicia mantiene cargos por conspiración para el narcotráfico, pero abandona la caracterización del “Cártel de los Soles” como una entidad criminal real. Donde antes había una organización jerárquica con mando directo, ahora hay un lenguaje más difuso: “Sistema de patrocinio”, “cultura de corrupción” y uso del aparato estatal como facilitador indirecto del tráfico de drogas.
En la acusación original, presentada por fiscales federales en Nueva York, el término “Cártel de los Soles” aparecía al menos 32 veces. En la versión revisada, solo dos, sin atribución de liderazgo ni estructura. La diferencia es sustantiva: pasar de liderar una empresa criminal continua a participar en una conspiración genérica modificaría el estándar probatorio, la narrativa ante un jurado y, eventualmente, la viabilidad del caso.
Los precedentes silenciosos
La reescritura del caso Maduro ocurre semanas después de otra decisión judicial relevante, aunque menos visible para el gran público. En mayo, un juez federal rechazó un intento del Ejecutivo de vincular al Tren de Aragua con la noción de “invasión” bajo una lectura expansiva de la Ley de Enemigos Extranjeros estadounidense.
El tribunal determinó que, aun tratándose de una organización criminal transnacional, sus actividades no podían ser tipificadas como un acto de invasión extranjera en el sentido constitucional. El fallo no absolvió conductas criminales, pero sí estableció límites claros a la narrativa securitaria.
En junio, apenas un mes después de aquel fallo, el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro endurecieron el discurso. En comunicados oficiales, describieron a Maduro como líder de una red criminal que financiaba tanto al Cártel de Sinaloa como al Tren de Aragua. Las sanciones incluyeron un organigrama detallado del supuesto entramado, con líneas de mando, flujos financieros y vínculos operativos.
Ese organigrama, pieza central del relato administrativo, hoy no figura en el expediente penal. Desde Washington explican que esta dualidad no implica contradicción institucional, sino funciones distintas. Aun así, el contraste es evidente: lo que en junio se presentó como una estructura criminal con liderazgo definido, en el expediente judicial aparece ahora como un entorno de corrupción sistémica sin cabeza formal.
Tres estrategias, un expediente
Cuando el Departamento de Justicia presentó la acusación en marzo de 2020, el lenguaje elegido no fue neutro. El documento describía al llamado “Cártel de los Soles” como una organización criminal transnacional, estructurada y jerárquica, liderada por Maduro y altos funcionarios del Estado venezolano. No se trataba solo de imputar delitos, sino de apuntar a Venezuela como “narcoestado” y su presidente como jefe criminal.
La acusación fue acompañada por recompensas millonarias, conferencias de prensa y una coordinación explícita con el discurso de política exterior de la Casa Blanca. En el ecosistema trumpista, el expediente judicial funcionaba como una extensión del reconocimiento de Juan Guaidó, del aislamiento diplomático de Caracas y de la estrategia de “máxima presión”.
Cuando Biden llegó a la Casa Blanca en 2021, heredó un expediente cargado de simbolismo pero con escasas probabilidades inmediatas de llegar a juicio. Cerrarlo habría sido interpretado como una concesión política; mantenerlo intacto implicaba asumir una narrativa que no encajaba del todo con su enfoque multilateral y pragmático.
La solución fue gradual y silenciosa. Ahora, en la última versión de la acusación de tan solo 25 páginas, donde antes había un cártel con nombre propio, ahora hay conceptos más abstractos: “sistema de patrocinio”, “corrupción endémica” o “facilitación estatal”.
Pragmatismo cauteloso
La acusación de 2020 fue, en muchos sentidos, hija de su tiempo. Bajo la administración Trump, el uso del derecho penal como instrumento de presión diplomática se volvió explícito. El caso Maduro buscaba aislar internacionalmente al régimen venezolano, reforzar el reconocimiento de la oposición y enviar un mensaje disuasivo a otros gobiernos adversarios.
Cinco años después, el contexto es otro. La guerra en Ucrania, la competencia con China y la necesidad de estabilizar mercados energéticos han reordenado prioridades. Sin normalizar relaciones con Caracas, Washington ha optado por un enfoque más funcional. En ese marco, sostener una acusación maximalista con fisuras probatorias podía convertirse en un pasivo más que en un activo.
La revisión silenciosa evita un costo político. No hay retractación pública ni admisión de exceso retórico. Hay, simplemente, una reescritura técnica que reduce la exposición del Departamento de Justicia y preserva la posibilidad de seguir litigando sin arriesgar un revés contundente en tribunales.
Lo que queda y lo que se diluye
Maduro sigue acusado de conspiración para el narcotráfico. La recompensa ofrecida por su captura no ha sido formalmente retirada. Las sanciones permanecen. Pero el corazón simbólico del caso, la idea de un presidente en funciones dirigiendo un cártel, se ha desvanecido del documento que, en última instancia, define la verdad procesal.
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