SANTO DOMINGO.- El Poder Ejecutivo de la República Dominicana enfrenta una de las decisiones más complejas y determinantes de su gestión: promulgar o devolver al Congreso Nacional la modificación recientemente aprobada a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.
Esta reforma, que ha encendido las alarmas del aparato productivo nacional, representa mucho más que un debate técnico. En ella se cruzan intereses económicos, institucionales y constitucionales de fondo. Lo que se decide no es sólo una norma sobre residuos: es el modelo de país que se desea consolidar.
La Asociación Dominicana de Productores de Cemento (ADOCEM), la Asociación de Industrias (AIRD), el CONEP y la propia entidad de ProCompetencia han advertido que la modificación no sólo desnaturaliza la ley original, sino que genera condiciones que favorecen la creación de un monopolio disfrazado bajo el ropaje de sostenibilidad.
Se trata de un proyecto complejo, que puede tener consecuencias estructurales para la libre empresa, la competitividad nacional y el equilibrio institucional en la gestión de residuos.
Uno de los puntos más controversiales es el artículo 20 del nuevo texto legal, que obliga a las empresas cementeras a utilizar residuos sólidos nacionales como combustible alternativo en sus calderas.
Para ADOCEM, esta disposición vulnera abiertamente el principio constitucional de libertad de empresa (artículo 50), al imponer por ley el uso de un insumo específico sin considerar condiciones técnicas ni económicas del país.
El sector cementero ha advertido que este mandato forzoso lo sometería a depender de un mercado incipiente, sin regulación efectiva, generando distorsiones, riesgo de prácticas monopólicas y encarecimiento injustificado de los costos de producción. Esto, a su vez, impactaría la competitividad de la industria, las exportaciones y el precio final para los consumidores dominicanos.
A estas preocupaciones se suma el informe de ProCompetencia, que señala el riesgo real de concentración del mercado y sugiere que el nuevo marco legal puede desembocar en una estructura oligopólica sin control.
Según ProCompetencia, la reforma carece de mecanismos preventivos para evitar que unos pocos actores controlen la totalidad del negocio de los residuos sólidos, desde la recolección hasta la valorización energética.
La AIRD, por su parte, expresó en comunicación oficial que el proceso legislativo fue sorpresivo, opaco y sin espacio para el diálogo técnico con sectores claves. Además, reiteró que algunas disposiciones iniciales eran desproporcionadas e inalcanzables, como las metas obligatorias de uso de resina reciclada o imposiciones tecnológicas inviables. Aunque algunas de estas exigencias fueron eliminadas en la Cámara de Diputados, persiste el fondo del problema: una ley que compromete la competitividad nacional sin garantizar condiciones de equidad.
De especial preocupación es el rol ampliado que adquiere el fideicomiso DO Sostenible. Este organismo será el intermediario obligatorio entre los fondos públicos y los ayuntamientos responsables de la gestión de residuos.
El problema no es solo técnico, es político: se otorga a una figura jurídica de gobernanza difusa el poder de asignar recursos millonarios a nivel municipal, lo cual —en un contexto electoral— puede traducirse en un arma de presión o favoritismo.
Dicho en claro: si el fideicomiso DO Sostenible opera bajo control gubernamental o de actores vinculados al oficialismo, podría convertirse en una herramienta para premiar o castigar alcaldías, manipular fondos públicos y capturar políticamente la operación del sistema de residuos, un servicio tan visible y cotidiano que su uso clientelar sería profundamente lesivo para la democracia local.
La posibilidad de regular a través de reglamento
En este contexto, dar la opción de regular a través del reglamento sería ilusorio. En un país donde la corrupción permea diversas esferas del poder público, depositar el equilibrio de una ley polémica en manos de un reglamento gubernamental sería simplemente transferir el problema a un espacio aún más vulnerable. Peor aún si quienes promueven esta ley con potencial monopólico terminan controlando también su reglamento. Sería consagrar legalmente el secuestro del modelo de residuos.
El presidente de la República, por tanto, no enfrenta una decisión neutral. Su firma —o su observación— definirá el equilibrio entre sostenibilidad, institucionalidad y libre competencia. Promulgar esta reforma sin cambios lo colocaría, objetivamente, del lado de una ley impugnada por casi todo el aparato productivo nacional. Devolverla al Congreso, en cambio, abriría un espacio urgente para un rediseño democrático y técnicamente viable.
El momento es crítico. La decisión no es sobre basura. Es sobre poder, futuro y justicia económica. Porque cuando el Estado se desentiende de su rol arbitral, la basura —como el poder— siempre encuentra quien la compre. Y quien la controle.
JULISSA CESPEDES
-
-
-
-
