POR DANILO CRUZ PICHARDO.- El presidente Luis Abinader, en alocución reciente dirigida a la población, anunció que no someterá reforma tributaria y que su única prioridad es consolidar la recuperación económica.
No cabe ninguna duda que el Gobierno dominicano simplemente lo que hizo fue recular en torno a un proyecto de reforma tributaria que había sido informado por más de un funcionario –empezando por Lisandro Macarrulla– y sobre el cual se buscaba consenso a través de un diálogo nacional en el que han participado representantes de los más diversos sectores de la vida nacional.
Si partimos de la situación económica nacional e internacional hay que reconocer que nunca como en estos momentos se correspondía realizar una reforma tributaria y fiscal que matice un conjunto de distorsiones y desajustes que se observan en materia macroeconómica. El no hacer esos correctivos oportunamente contribuye a profundizar la problemática, porque la prolongación genera más déficits y posiblemente se continúe con la carrera irresponsable de los empréstitos internacionales.
La pandemia del coronavirus ha provocado una crisis económica mundial, la cual se expresa con encarecimiento de bienes y servicios, escasez y desabastecimiento. Potencias como Estados Unidos, China y todas las de la Comunidad Económica Europea atraviesan por una situación que no había sido tan desafortunada durante décadas.
Ante esa realidad, no se puede politizar el encarecimiento que registran los productos y servicios dominicanos. El Gobierno, en un ejercicio desapasionado, no es culpable cien por ciento. Posiblemente hubiera ocurrido en cualquier gobierno, porque nuestra economía no es independiente a la de los países del mundo.
Sin embargo, la forma en que el Gobierno concebía la reforma tributaria no era ni viable ni aceptable. ¿Cómo las clases media y baja pueden permitir que les metan impuestos y gravámenes mientras los poderosos, en término económico y político, gozan de exenciones y facilidades de todo tipo, las cuales el presidente de la República se resiste a quitar? Ni siquiera las menciona.
El Estado tendría un ahorro significativo si quita los privilegios a los empresarios, a los legisladores y funcionarios de la administración pública, incluyendo, naturalmente, a los del cuerpo diplomático. También eliminando instituciones innecesarias, que todavía quedan muchas, así como suprimir el presupuesto que se les otorga a los partidos políticos. Se pueden allanar múltiples fuentes y en esa dirección es que debería girar el diálogo nacional.
Algunos promueven al jefe de Estado diciendo que es un hombre transparente y que es humilde, a tal punto que escucha el sentir de la población. Las dos cosas son relativas. No es sinónimo de transparencia el tener empresas y dinero en paraísos fiscales, un caso que al mismo tiempo le redujo moral para introducir la reforma tributaria. ¿Cómo el presidente puede pretender poner impuestos a sus conciudadanos si él está evadiendo, llevándose sus riquezas a otros lugares que lo liberan de esas cargas?
(Ese es un caso que en otros países, como Ecuador y Chile, ha tenido repercusiones mayores. Inclusive los presidentes Guillermo Lasso y Sebastián Piñera se exponen a eventuales juicios políticos que podrían conllevar su destitución).
Y lo de que Luis Abinader escucha es discutible, pues si fuera así no tuviera en la administración pública ni a Lisandro Macarrullani a Roberto Fulcar, dos funcionarios que desde un inicio generan problemas y la gente rechaza.
Más que escuchar lo que el presidente ha dado muestras es de cobardía. La aprobación del Gobierno en la población no es la misma y las condiciones están dadas para que se produzcan protestas sociales, en el hipotético caso de imponerse ajustes en los precios de bienes y servicios que afecten a los sectores de menores recursos, como en efecto se contemplaba desde palacio.
Este es un Gobierno de la oligarquía, el presidente solo da respuesta y escucha a los que tienen sus problemas resueltos. No es verdad que hay sensibilidad social por la población. Sencillamente valoró, de forma objetiva, posibles consecuencias ante las alzas de precios previstas, donde de seguro ciertos sectores políticos se involucrarían y pescarían en río revuelto.
La situación económica mundial y, particularmente, nacional aconsejan una reforma fiscal y tributaria, pero que se focalice en correctivos de distorsiones y donde se ponga a pagar a los que deben pagar, jamás a la gente humilde del pueblo. En la forma en que se diseñaba esa reforma desde palacio pudo haber generado estallidos sociales y es la razón por la que el presidente de la República reculó, no es otra.
