POR OMAR FERNANDEZ.- En cada conversación que tengo, con cualquier ciudadano, veo las mil maneras de sobrevivir o anteponerse a los riesgos que se presentan como una amenaza a la vida misma. Por eso resulta razonable que de manera consistente, la inseguridad figure siempre entre las principales preocupaciones del dominicano, ya que es la manera más rápida de convertir una historia de felicidad en luto nacional.
Así ocurrió con Darlin Mercado Pérez, un joven de 18 años que murió a manos de un miembro de la Policía Nacional obligando a reflexionar, con serenidad, pero también con firmeza, sobre el rol del Estado en la protección de la vida. ¿Es el Estado, en la práctica cotidiana de la gente, una expresión de garantía o de temor? ¿Cuándo nos convertimos en tan apáticos con la vida de los demás?
El artículo 8 de la Constitución establece que es función esencial del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona y el respeto de su dignidad. La pregunta, entonces, se impone sola: ¿cuánta indignidad cabe en la muerte de un ciudadano por parte de quien estaba llamado a proteger?
El derecho a la vida es la madre de todas las demás garantías ciudadanas. Ahí inicia todo. No puede hablarse de desarrollo para aquel que no vive. No puede hablarse de libertad para quien pierde la vida de manera arbitraria. No puede hablarse de justicia cuando una familia despide a un hijo por la actuación descontrolada de una autoridad.
El rol del Estado, sea cual sea el nombre de la institución, tiene como compromiso irrenunciable la preservación de la vida, no su quiebre. La Policía encuentra razón de ser en la protección del ciudadano, no en ser una fuente de temor.
La Constitución dominicana es clara: el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. Esa afirmación no puede quedarse como una frase solemne. Debe ser una regla viva de actuación pública. Debe sentirse en la calle, en el destacamento, en la patrulla, en el operativo, en la requisa, en el trato al ciudadano y en el uso proporcional de la fuerza.
Por eso la muerte de Darlin no puede ser leída únicamente como una tragedia familiar, aunque sí lo es. Tampoco puede reducirse a un expediente disciplinario o penal, aunque la investigación y la sanción deben llegar. Este caso toca una fibra más profunda: la confianza entre el ciudadano y la autoridad. Cuando una persona ve una patrulla, lo normal en un Estado democrático debería ser sentir alivio. Cuando una madre sabe que su hijo sale a la calle, debería confiar en que la autoridad existe para protegerlo, no para convertirse en otro riesgo. Cuando un joven de un barrio se encuentra frente a un agente policial, no debería sentir que su vida depende de la arbitrariedad de quien porta un arma oficial.
El uniforme no puede ser licencia para imponer miedo. El arma de reglamento no puede convertirse en atajo frente al deber de preservar. La autoridad no se mide por la capacidad de someter, sino por la responsabilidad de proteger, incluso en medio de la tensión, el conflicto o la sospecha.
La verdadera responsabilidad del Estado empieza antes de la tragedia: en el reclutamiento, la depuración, la evaluación psicológica, la formación, el entrenamiento para el uso diferenciado de la fuerza, la supervisión de los mandos y la sanción de las malas prácticas. Por eso, la reforma policial debe salir de los papeles para entrar en los cuarteles. También empieza en algo más elemental: entender que detrás de cada víctima no hay una estadística, hay una vida. Darlin tenía nombre, edad, familia, afectos, proyectos y un lugar en su comunidad. Su muerte no puede ser absorbida por la rutina del escándalo de un día, ni por la velocidad con que una noticia desplaza a otra. No basta con sentir dolor. La justicia debe traducirse en investigación seria, sanción ejemplar, reparación moral a la familia y transformaciones que reduzcan la posibilidad de que un hecho así vuelva a repetirse.
Preservar la vida no es una consigna abstracta. Es la tarea más alta de todo poder público. Antes que recaudar, inaugurar, anunciar, patrullar o gobernar, el Estado tiene que cuidar la vida. Porque sin vida no hay ciudadanía; sin ciudadanía no hay democracia; y sin democracia, la autoridad se vuelve simple fuerza. La muerte de Darlin Mercado Reyes nos coloca frente a una verdad incómoda: un Estado que no protege la vida termina debilitando la razón misma de su existencia. Y una sociedad que normaliza esas muertes empieza a perder su capacidad de asombro, duelo y justicia.
Por eso este caso debe doler, pero también debe movernos. Debe doler por Darlin y por su familia. Debe movernos a reclamar una Policía más profesional, más humana y más responsable. Debe movernos a exigir un Estado que no sea temido por los ciudadanos honestos, sino respetado por su capacidad de protegerlos.
La vida es el punto de partida. Todo lo demás viene después.
