POR VINICIO CASTILLO SEMAN.- Durante muchos años desde la Fuerza Nacional Progresista (FNP) hemos denunciado una conjura internacional contra RD que ha procurado cercenar el derecho soberano que tenemos de aplicar su ley migratoria, como forma de facilitar un plan de fusión con Haití consistente en el traslado masivo de su población a nuestro territorio.
Esas denuncias nos enfrentaron por años a poderosos intereses internacionales, a grupos de la oligarquía criolla y de traidores del patio al servicio de esos planes de fusión que trabajaron por años como peones de la ahora clausurada USAID.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de OEA acaba de lanzar contra la República su último zarpazo, que en esencia nos pide suspender las deportaciones de ilegales haitianos, usando como excusa la situación imperante en Haití, que precisamente ha llegado a su clímax de crisis máxima por culpa en gran modo de la indiferencia de la Comunidad Internacional y la inoperancia de ONU y OEA.
La CIDH expresa lo siguiente: “….., la CIDH recuerda que los Estados deben evaluar posibles necesidades de protección internacional de quienes se encuentran bajo su jurisdicción o control efectivo previo a decidir sobre su expulsión. Asimismo, reitera que conforme lo dispuesto por el artículo 22.8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el principio de no devolución debe aplicarse a toda persona que, pese a no ser refugiada o asilada, no puede ser devuelta al territorio de otro país en donde su vida o libertad peligre o existan razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura u otros malos tratos. Esto, debido a que es una garantía para preservar diversos derechos inderogables, como la id, libertad o integridad de la persona.
Nuestro gobierno ha respondido a la CIDH reivindicando el derecho soberano que nos asiste para aplicar nuestra ley migratoria. Aunque apoyo la respuesta del gobierno a CIDH, creo que tal insolencia en los actuales momentos en que Haití está sin gobierno y totalmente colapsado, debió de tener mayor energía y un rechazo que mostrara la indignación del pueblo dominicano.
El zarpazo de CIDH viene a confirmar, una vez más, que los Vincho no han estado fabulando cuando han advertido los planes internacionales de fusión con Haití. Hacer lo que pide CIDH, dejar de deportar ilegales haitianos en estos momentos sería la destrucción de la República y decretar la fusión de hecho con Haití.
Estemos en alerta máxima. La conjura contra la existencia de RD sigue muy activa. Lo de CIDH es una prueba fehaciente por escrito que lo comprueba.
