SANTO DOMINGO.- Dos de las empresas imputadas en el caso Coral sobre corrupción administrativa alcanzaron un acuerdo con el Ministerio Público mediante el cual entregarán al Estado dominicano 20 millones de pesos y 3,000 salarios mínimos cada una, informó este martes el órgano persecutor en un documento.
El acuerdo, alcanzado bajo la figura del procedimiento penal abreviado, establece también la disolución de esas empresas, la clausura de los locales que utilizaban y el decomiso de los bienes que puedan tener a su nombre, según lo dispuso el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que aprobó el acuerdo.
Las empresas en cuestión son Meljo Comercial y Optimus, empresas individuales de responsabilidad limitada (EIRL) que, de acuerdo al Ministerio Público, se determinó que sus representantes sirvieron de «presta nombres» o testaferros al coronel Rafael Núñez de Aza y la madre de sus hijos, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez, quien son los dueños reales de las sociedades comerciales y están imputados en el caso.
«DUEÑOS» DE LAS EMPRESAS SON UN PINTOR Y UNA ESTUDIANTE
El fiscal adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Jonathan Pérez Fulcar, afirmó que las personas que figuraban como dueñas de esas empresas «no tienen el perfil económico acorde».
Uno de ellos es pintor del municipio de Santo Domingo Oeste y la otra es una joven estudiante que trabajaba en la casa de la imputada Jehohanan Lucía Rodríguez, a la cual puso a firmar un documento para colocarla como dueña, a pesar de no tener el perfil ni el conocimiento de las operaciones, agregó el magistrado.
Mientras, el abogado del Estado dominicano José Alberto Ortiz afirmó que los gerentes de las empresas Meljo Comercial y Optimus se sumarán como testigos de la acusación del Ministerio Público y de la demanda civil que representa.
Esas sociedades comerciales son dos de las cuatro empresas que fueron separadas del expediente del caso Coral el año pasado, y que desfalcaron al Estado Dominicano un aproximado de 360 millones a través del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), añadió la información.
DOS EMPRESAS MÁS DECLARADAS EN REBELDIA
Por otra parte, la jueza del tribunal Yanibet Rivas Méndez declaró en rebeldía a las otras dos empresas, S. S. A. Corporation y S.O.S Carretera, tras no comparecer ante la audiencia de este martes, pese a que sus representantes fueron citados.
El Ministerio Público recordó que los imputados en el caso de las operaciones Coral y Coral 5G son acusados de mover más de 4,500 millones de pesos y de adquirir bienes por más de 2,000 millones de pesos, mediante un entramado de corrupción de, al menos, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, entre los años 2012 y 2020.
Además de sustraer los fondos de inteligencia del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), según el expediente.
Entre los acusados están, el general de la Fuerza Aérea Dominicana (FARD) Julio Camilo de los Santos Viola; Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez D’ Aza, el mayor del Ejército Nacional Raúl Alejandro Girón Jiménez; el mayor general Adán Cáceres Silvestre, el general Juan Carlos Torres Robiou, Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa) y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
Asimismo, el general Juan Carlos Torres Robiou (FARD), el contralmirante (general) Boanerges Reyes Batista y José Manuel Rosario Pirón. También Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán, Esmeralda Ortega Polanco y otros.
EFE
