SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- En el año 2018, la noticia de que un hijo le había quitado la vida a su propio padre conmocionó a Santiago y al país.
Joel Enmanierrys Rodríguez de la Cruz es el hombre de 33 años a quien los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado le dictaron 30 años de prisión por asesinar a su progenitor, Alejandro Rodríguez.
La sentencia, a ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres, adquirió posteriormente el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada.
Sin embargo, su nombre vuelve a la palestra pública tras la denuncia de su hermano y sus abogados sobre manejos irregulares en el cumplimiento de la pena.
Tomás Castro, representante de la familia de la víctima, explica que Joel está “prácticamente en libertad. Eso es porque en Cotuí se está jugando a la pelota caliente… al ser una cárcel del viejo modelo, ahí se puede todo”.
Como primer elemento preocupante, señalan el cambio administrativo del modelo penitenciario: fue trasladado del CCR Rafey Hombres a la Fortaleza de Cotuí (Centro de Privación de Libertad de la provincia Sánchez Ramírez).
Este centro se rige por el viejo modelo, y desde allí el interno ha obtenido múltiples permisos para estudiar e incluso para cenar con su familia en la Navidad de 2025, privilegios inusuales para su condición.
“A ese muchacho le han dado muchísimos permisos, y todos han sido de manera administrativa. Ninguno ha pasado por el juez de la ejecución de la pena, aunque eso es lo que contempla la ley”, afirmó Castro a Listín Diario.
El jurista explicó que el juez de ejecución es la única autoridad facultada para controlar, administrar y tomar decisiones sobre quienes cumplen condena.
Este cambio no solo representa una variación en el esquema de trabajo, sino también un cambio de jurisdicción no comunicado a las víctimas, violentando su derecho a ser notificadas formalmente de las decisiones sobre el condenado.
“Para solicitar un traslado, normalmente se hace a través de la Dirección General de Prisiones o de la Procuraduría, alegando cercanía familiar. En este caso, su madre vive en Santiago y lo trasladaron a Cotuí”, indicó Castro Monegro.
Evidencias y solicitudes actuales
En el expediente consta una solicitud de salida temporal familiar, fechada el 5 de junio de 2025 y expedida por la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), para una visita de cuatro horas.
Además, circulan imágenes de Joel Rodríguez compartiendo en la cena de Navidad con su familia el pasado año 2025.
Este martes 10 de febrero, en una audiencia de revisión obligatoria de la condena —aplazada para el próximo 23 de marzo—, el juez le manifestó al interno: «Esta es la primera vez que usted ha venido aquí», evidenciando que los beneficios previos no pasaron por su estrado.
Simultáneamente, la defensa pública, representada por Katherine Carolina Vargas de Jesús, presentó una solicitud de salida temporal con fines educativos. Se busca que el tribunal otorgue permiso para que Rodríguez de la Cruz asista dos días a la semana a la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) para concluir las 24 materias pendientes de la carrera de Ingeniería Civil.
La solicitud se ampara en el artículo 40, numeral 16 de la Constitución, que establece que las penas deben orientarse hacia la reeducación y reinserción social.
Asimismo, cita la Ley 113-2021, que en su artículo 63 permite el ingreso al periodo de prueba (semilibertad) tras cumplir un cuarto de la pena para condenas superiores a los cinco años.
La defensa argumenta que el interno ha demostrado hábitos de estudio, deseos de superación y buena conducta durante su reclusión, participando en actividades laborales, deportivas y culturales dentro del centro.
ASHLEY MARTINEZ / INDIRA VASQUEZ / LISTIN DIARIO
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