SANTO DOMINGO.- Los planes del presidente Luis Abinader, para combatir el “terrorismo ambiental” en las áreas protegidas y parques del país deben aplicarse de manera escalonada: empezando por el propio Estado.
Así lo han establecido ambientalistas y miembros de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Academia de Ciencias consultados por Listín Diario, a raíz del nuevo decreto 615-26 que estipula la medida.
Esto a causa de que las actividades humanas, incluidas la explotación minera, la extracción de arena del río, la deforestación y la facilitación de espacios en áreas protegidas para favorecer inversiones de particulares promovidas por las autoridades, son acciones que alteran los ecosistemas.
“Estamos llamando al propio presidente de la República a ser consecuente. Porque no es aplicar este decreto de declarar como ecoterroristas a campesinos pobres, que de manera furtiva entran al Parque Nacional y tumban palos o siembran una tarea de habichuela, ya sea dominicano o haitiano. Eso no es; el gran peligro que corren los parques y las áreas protegidas proviene del gran capital, que incluso tiene el respaldo del Gobierno y del Ministerio de Medio Ambiente”, aseguró Enrique de León, un miembro del Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático.
Algunas de las zonas que reflejan la tendencia de “terrorismo ambiental” son: el Refugio de Vida Silvestre Manglares Puerto Viejo, ubicado en la bahía de Puerto Viejo, provincia de Azua, y el Parque Nacional Manglares de Estero Balsa, en la bahía de Manzanillo, provincia de Monte Cristi, señaló.
El defensor ambiental manifestó que este tipo de depresión la sufren tanto el hábitat como las especies que coexisten en el medio.
Por ejemplo, denunció que en el Refugio de Vida Silvestre Manglares Puerto Viejo operan barcazas generadoras de electricidad que han provocado la mortandad de peces y otras especies marinas, además de causar enfermedades en la población.
En tanto que “el Parque Nacional Manglares de Estero Balsa de Manzanillo, donde con la autorización de Medio Ambiente y porque el Gobierno lo estableció, se destruyó más de medio millón de metros cuadrados de un bosque seco dentro del área de amortiguamiento del parque Estero Balza para edificar dos superplantas de 860 megawatts de gas natural y que están situadas a menos de 59 metros del corazón del parque”, declaró.
El activista Enrique de León tildó a estas acciones de “barbaridad” y aseguró que provocarán la exterminación de la mayor concentración de manglares que existen en las Antillas y otras especies en el país.
Proponen más medidas
Aunque aprueba el decreto número 615-26, para Adolfo José López Belando, miembro del Consejo Directivo de la Academia de Ciencias y de la Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente, para garantizar la protección del Sistema Nacional de Áreas Protegidas se deben materializar otras medidas.
Asimismo, considera que se debe aportar al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales dinero y medios para realizar un control efectivo de las áreas protegidas.
El ecodefensor también sugiere “apoyar férreamente a los incumbentes del Viceministerio de Áreas Protegidas para que puedan hacer frente a las presiones de los políticos (diputados y senadores), militares de alta graduación y empresarios de alto perfil que buscan sistemáticamente violar la integridad de las áreas protegidas en beneficio de sus inversiones inmobiliarias, industriales, ganaderas o agrícolas”.
ELKYS CRUZ-LISTIN DIARIO
