POR CRISTHIAN JIMENEZ.- El predominio de gobiernos autoritarios sobre los liberales en la historia nacional, ha condicionado la conciencia ciudadana.
Difícil la democracia sin demócratas, suelo decir (frase que escuché a un entrañable amigo) ante la intolerancia y la incomprensión sobre el rol de los órganos de control, de contrapeso.
El vicioso presidencialismo criollo distorsiona el ejercicio democrático y eso se ha normalizado en extremos peligrosos.
Constitucionalmente órganos de poder tienen independencia presupuestaria, administrativa y funcional, pero a la hora de asignar los recursos el Poder Ejecutivo decide que toca a cada institución.
El colmo es que los presidentes, que siempre juegan un rol fundamental en los procesos electorales en favor de sus partidos (cuando se trata de repostulación es más grave) resuelven la asignación del organizador y del árbitro contencioso de las elecciones y suelen comentar con compasivo cinismo: “si les falta dinero, yo lo busco”.
(La Suprema Corte de Justicia y los órganos constitucionales deberían discutir sus presupuestos con los técnicos del Congreso Nacional, vigilados celosamente por la Cámara de Cuentas. Ésta última bajo el ojo de los congresistas)
En el contexto de estas distorsiones, cuando la Procuraduría investiga o dispone el apresamiento de un funcionario oficial se le imputa dificultar la labor del gobierno.
Ocurre igual reacción si Contrataciones Públicas, otro organismo del Poder Ejecutivo indaga o cuestiona compras dispuestas por funcionarios.
También acontece cuando la Junta Central Electoral o el Tribunal Superior Electoral adoptan decisiones que desfavorecen al partido de gobierno y siempre que el Tribunal Constitucional “tumba” un decreto o una resolución gubernamental.
Surgen de inmediato todo tipo de reproches y amenazas y hasta se “sacaliña” el origen de los votos que posibilitaron aquellos cargos.
La semana pasada se desataron los demonios contra el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa porque ejercicio su función constitucional y de ley al continuar visitas a hospitales para verificar denuncias de alegados apresamientos de parturientas en los alrededores y el interior de centros de salud.
Esta segunda visita coincidió con la censura al país de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que expresó preocupación sobre denuncias de supuesta expulsión de mujeres embarazadas de origen o ascendencia haitiana. El gobierno dominicano respondió que el comunicado era injusto e inoportuno y que era irresponsable pretender una solución de la crisis haitiana a través de República Dominicana.
Ulloa fue recibido por el director de la Maternidad San Lorenzo de Los Mina, quien ofreció explicaciones y estadísticas y concluyó en que ese centro no se persigue o deniegan servicios a embarazadas extranjeras.
El Defensor del Pueblo emitió una nota en la que daba cuenta de la visita y las incidencias de la misma. No acusó al gobierno central o a la dirección de Migración.
El cuestionamiento que escaló los peores insultos en las redes, sobre todo de llamados “nacionalistas” fue porque ejerció su función de verificación, como es lo correcto ante denuncias de periodistas y ciudadanos haitianos y dominicanos.
Se sumaron perremeistas, que entienden que se gobierna a partir de lo que dicten las agitadas redes y sus permanentes habitués.
El colmo es que le reprocharon que reveló también recibió denuncias de funcionarios de la ONU sobre la situación y que las indagó sin resultados positivos, o sea contrarios al país.
Al final de cuentas la verificación de Ulloa, desde hace dos semanas presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, beneficia al gobierno y a República Dominicana.
Pero el fanatismo y la pasión ciegan, tornan irracionales a los individuos.
Y frente al gobierno hay que insistir que no se puede gobernar a partir de lo que un grupito convierte en tendencia en las redes.
