El acuerdo amigable que logró el gobierno dominicano para poner fin al contrato de concesión de la Autopista del Nordeste (Juan Pablo II), concitó este viernes apoyo y algunos rechazos de sectores políticos y sociales.
El respaldo fue expresado en torno al anuncio del presidente Luis Abinader, de que el Estado pagará US$410 millones para la consumación del acuerdo, del que se ha pagado RD$26,835 millones y estaba pendiente de saldar otros US$1,900 millones hasta su finalización
La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, (Adocco), saludó la disposición y abogó para que se impongan sanciones.
“Los responsables de negociar ese contrato en perjuicio del pueblo dominicano, deben ser sometidos a la justicia, quienes de seguro recibirán parte de lo que le será entregado, para poner fin al pago de miles de millones de pesos cada año por concepto del pago del peaje sombra”, precisó Julio César De la Rosa Tiburcio, presidente de la entidad.
Samuel Sena, presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (Codessd), también valoró como positivo el ponerle fin a la concesión de la Autopista del Nordeste.
Dijo confiar en que el acuerdo será beneficioso y representará un significativo ahorro con relación al peaje de Samaná.
El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, indicó que en sentido general, es positivo y hasta aspiracional. “Lo saludamos, siempre y cuando sea de provecho para Monte Plata y las comunidades que no vieron el espíritu de responsabilidad social asumido”.
Mientras que el secretario general del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Ramón Rogelio Genao, es otro de los que ve con buenos ojos la decisión del presidente Abinader de decirle adiós al peaje sombra.
“Los términos de la concesión fueron lesivos para el Estado desde el origen del contrato y las modificaciones que se le hicieron aún más agraviantes las condiciones para el gobierno. Ninguna concesión vial debe incluir peaje sombra, el presidente Abinader hizo lo correcto y el reformismo lo apoya”, apuntó.
De su lado, el vocero del bloque de diputados del PRM, Julito Fulcar, aseguró que con esa decisión el presidente cumplió con la promesa hecha al juramentarse en agosto en el Congreso Nacional de que le pondría fin al contrato.
Sostuvo que con el dinero ahorrado el Estado dominicano podrá hacer inversiones en otras áreas neurálgicas.
Mientras la vicepresidente de la República, Raquel Peña, manifestó que el contrato había lesionado la seguridad jurídica y que el Estado dominicano actúo dentro del marco real de la ley.
“Eso traerá al país un beneficio económico al pueblo dominicano que será invertido en aquellas áreas que más lo necesitan, en salud sobre todo, en educación, desarrollo y creación de empleos”, recalcó.
Para el vocero de la Fuerza del Pueblo, en el Senado, la finalización del contrato es una acción que aplaude, pero sin olvidar que fue firmado en el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), hoy convertido en el Revolucionario Moderno (PRM).
Destacó que no es lo mismo concluir un contrato faltando solo cinco años, a intentar rescindirlo faltando 20 años, como pasó en el gobierno de Leonel Fernández.
NIZA CAMPOS/ YCELL SUERO
