La fiscalía peruana interrogó el martes en el palacio presidencial al mandatario peruano Pedro Castillo en una investigación por presunto favoritismo en ascensos de militares. El presidente no está investigado, pero los acusados pertenecen a su entorno cercano.
Fue la primera vez durante su mandato que Castillo -en calidad de testigo- respondió 40 preguntas de un fiscal, pero ya había ocurrido con otros presidentes: en 2017 y 2018 el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) fue interrogado por un fiscal por su presunta relación con un caso de corrupción ligado a la constructora brasileña Odebrecht.
Después del interrogatorio, Castillo dijo a través de su cuenta de Twitter: “nosotros damos la cara, no huimos del país, menos nos refugiamos en una embajada; tenemos la conciencia limpia, actuamos conforme a ley y los compromisos asumidos con el pueblo”.
La referencia de Castillo era a otros expresidentes como Alberto Fujimori (1990-2000), quien huyó de Perú antes de ser condenado por corrupción y asesinato, o Alan García (2006-2011), quien se refugió en la embajada de Uruguay meses antes de suicidarse en medio de una investigación fiscal por presunta corrupción durante su gestión.
La Fiscalía investiga si un exasesor presidencial y un exministro de Defensa de Castillo presionaron a los entonces jefes del Ejército y de la Fuerza Aérea para ascender de forma irregular a cinco militares que laboraban cerca del presidente. Al final los ascensos no se produjeron, pero la fiscalía considera que podrían haberse cometido los delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal.
De acuerdo con la ley, la Fiscal general Zoraida Ávalos tenía que interrogar al mandatario, pero el lunes fue internada en una clínica por unos problemas renales. La reemplazó en la diligencia el fiscal Ramiro González, según el Ministerio Público y fotos publicadas por la presidencia.
Eduardo Pachas, abogado de Castillo, dijo que todas las preguntas de la fiscalía fueron contestadas. “No ha habido ningún nombramiento irregular, no ha habido ninguna acción para favorecer a alguien”, dijo el abogado en el patio del palacio presidencial. El fiscal no declaró.
La investigación, aún a nivel preliminar, surgió tras una denuncia del ahora exjefe del Ejército José Vizcarra, quien dijo en noviembre que recibió presiones de los entonces secretario presidencial, Bruno Pacheco, y ministro de Defensa, Walter Ayala, para ascender a militares cercanos al gobierno.
Existen otras tres investigaciones preliminares en las que otros fiscales podrían llamar a declarar a Castillo en calidad de testigo, de acuerdo con expertos.
En una, el exsecretario presidencial Pacheco es investigado por presuntamente presionar al jefe de la agencia tributaria para favorecer a una empresa. En otra, el exsecretario está bajo la lupa por presuntas irregularidades en la concesión de la construcción de una carretera a una compañía.
En el tercer caso se investigan las visitas al mandatario de un empresario petrolero que luego ganó una licitación para venderle biodiésel al país.
En cinco meses de gestión, Castillo ya afrontó un pedido de vacancia presidencial impulsado por la oposición legislativa que no avanzó por falta de votos. El mandatario no ha concedido ninguna entrevista a la prensa ni ha explicado con detalle las acusaciones en su contra.
Castillo empezó su gestión el 28 de julio y según la ley debe concluir en 2026.
AP
