Scoring con datos alternativos, nuevas leyes de factoraje y leasing, entre otros, marcan la agenda económica
SANTO DOMINGO.- El gobierno ha delineado una estrategia orientada a transformar el ecosistema de financiamiento productivo del país, combinando inclusión crediticia, fortalecimiento institucional y expansión industrial como ejes para sostener el crecimiento y ampliar la formalidad.
En el centro de la propuesta figura la creación de un modelo de scoring crediticio con datos alternativos, una herramienta que permitiría incorporar al sistema financiero a miles de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que hoy operan fuera del crédito formal. El esquema contempla utilizar referencias como pagos de telefonía móvil, electricidad, internet y patrones de consumo digital para construir historial financiero.
Desde una perspectiva económica, la medida apunta a reducir una de las principales fallas estructurales del mercado de crédito: la asimetría de información. Al ampliar las fuentes de datos, se reduce el riesgo percibido por las entidades financieras y se amplía la base de sujetos elegibles para financiamiento, sin recurrir necesariamente a mayores garantías tradicionales. Esto podría impactar directamente en tasas, plazos y volumen de préstamos productivos.
La agenda legislativa complementa ese enfoque. El presidente Luis Abinader adelantó el pasado viernes, en su Rendición de Cuentas, que se trabajará con el Congreso Nacional en un paquete de leyes que incluye Factoraje, Leasing y Sociedades de Garantías Recíprocas, instrumentos que en economías más desarrolladas funcionan como mecanismos clave para dinamizar capital de trabajo e inversión.
El factoraje permitiría a las empresas convertir cuentas por cobrar en liquidez inmediata; el leasing facilitaría la adquisición de activos productivos sin descapitalización inicial; y las sociedades de garantías recíprocas mejorarían el acceso a crédito al compartir riesgos entre asociados. En conjunto, estas figuras ampliarían la arquitectura financiera, reduciendo barreras para mipymes con limitada capacidad colateral.
El componente financiero se complementa con la creación de un Hub de Servicios No Financieros, concebido como una plataforma de asistencia técnica, digitalización, mejora de gestión, formalización laboral y preparación para crédito. La lógica detrás de esta iniciativa es que el acceso a financiamiento, por sí solo, no garantiza sostenibilidad empresarial si no está acompañado de fortalecimiento administrativo y acceso a mercados.
Este enfoque integral se inserta en una estrategia más amplia de consolidación productiva. Un ejemplo es el desempeño de las zonas francas, que al cierre de 2025 registraron 10 nuevos parques y 82 nuevas empresas, con una proyección de 8,100 empleos directos adicionales. El sector alcanzó un récord histórico de 858 empresas y más de 200,000 empleos directos, con una participación femenina cercana al 53%.
Las exportaciones de zonas francas superaron los US$8,500 millones, equivalentes a alrededor del 54% del total exportado por el país. Desde el punto de vista macroeconómico, esta concentración refleja la importancia del régimen como generador de divisas, empleo formal y transferencia tecnológica.
En paralelo, el Gobierno avanza en una estrategia de nearshoring y diversificación productiva orientada a integrarse a cadenas globales de valor en industrias tecnológicas avanzadas, incluyendo la de semiconductores. El antecedente más visible es el posicionamiento del país como líder regional en exportación de dispositivos médicos.
Para sustentar esta transición hacia sectores de mayor complejidad, se han desarrollado acuerdos académicos y programas de formación técnica. Destaca la cooperación con la Universidad de Purdue, así como la incorporación de cursos especializados en el Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep). El objetivo es cerrar brechas de capital humano y aumentar la capacidad de absorción tecnológica.
El marco macroeconómico acompaña esta agenda productiva. En 2025, la calificadora Moody’s elevó la calificación soberana del país en un escalón, situándolo a un paso del grado de inversión. Por su parte, Fitch Ratings y Standard & Poor’s mantuvieron la nota crediticia, resaltando el desempeño económico y el manejo prudente de la deuda.
El Fondo Monetario Internacional reiteró en su evaluación más reciente que la deuda pública dominicana es sostenible y que el marco de políticas vigente es consistente con la estabilidad macroeconómica de mediano plazo.
En el plano fiscal, la recaudación tributaria alcanzó el 15.6% del PIB en 2025, impulsada por mayor actividad económica y fortalecimiento administrativo. El déficit fiscal se situó en 3.45%, en línea con lo presupuestado, mientras que la Ley de Responsabilidad Fiscal promulgada en 2024 continúa operando como ancla institucional para el control del gasto primario y la trayectoria de deuda.
En conjunto, las medidas planteadas articulan una estrategia que combina disciplina fiscal, fortalecimiento del crédito productivo, expansión industrial y formalización laboral. El énfasis no se limita al crecimiento cuantitativo, sino a la calidad de la expansión económica, buscando mayor productividad, empleo con derechos y sostenibilidad de largo plazo.
Dentro de esa visión, el turismo mantiene su papel como uno de los principales motores de generación de divisas y empleo, consolidando la proyección internacional del país y su capacidad de atraer inversión.
La agenda presentada configura así un esquema de política económica que integra inclusión financiera, profundización de mercados, estabilidad macro y sofisticación productiva como pilares para la siguiente etapa de desarrollo.
MARTIN POLANCO
