POR VINICIO CASTILLO SEMAN.- El pueblo dominicano fue al proceso electoral del 2020 en medio de la pandemia del Covid-19 motivado en dar un voto castigo al gobierno de Danilo Medina y el PLD, teniendo como eje fundamental el hartazgo de corrupción e impunidad a los más altos niveles del Estado.
El hoy presidente Luis Abinader prometió en ese proceso electoral que de llegar al poder nombraría un Ministerio Público Independiente, que no respondiera a líneas políticas o de sectores empresariales. El presidente, el 16 de agosto de 2020, hizo lo que nunca un presidente de RD había hecho: se desprendió del inmenso poder que da en este país nombrar al Procurador General de la República, al designar a la Magistrada Miriam Germán y la Magistrada Jenny Berenice al frente del llamado Ministerio Público Independiente.
El Ministerio Público Independiente ha impulsado procesos importantes que están en justicia. Ha trabajado incansablemente día y noche para sustentar correctamente esos expedientes. Hasta ahora, las cabezas judiciales de la lucha contra la corrupción la simbolizan el hermano de Danilo Medina, Alexis; el guardaespaldas de Danilo Medina, General Adán Cáceres, y su exprocurador General, Jean Alain Rodríguez.
Según ha trascendido, en los próximos días o semanas otros casos de corrupción llegarán a la justicia, de mucha más envergadura que los hasta ahora conocidos.
En círculos judiciales ha trascendido que el interés fundamental de los Abogados del estado no es el castigo penal de los corruptos sino llegar a acuerdos de devolución de parte del dinero robado. Si bien es cierto que en nuestro sistema se puede llegar a acuerdos con el Ministerio Público a cambio de cooperación y confesión de imputados, esto no podría ser usado jamás para darle impunidad a los corruptos y evitar condenas o cárcel. Lo que sí procedería en esos casos es un trato más indulgente como reducción de penas de crímenes de lavado, que conllevan hasta 20 años de prisión.
Los Abogados del Estado, colegas y amigos que distingo, deben saber que el país está muy atento a esos casos y que el castigo ejemplarizante penal a los corruptos que hayan confesado, o hayan sido delatados, serán cruciales para el éxito o el fracaso de la lucha contra la corrupción.
El Ministerio Público, por su parte, no está atado a ningún acuerdo que hagan los Abogados del Estado en la parte económica. El Ministerio Público representa la sociedad y en la actualidad tiene un mandato expreso del pueblo de actuar sin contemplaciones, resistiendo cualquier presión política o empresarial que se le quiera hacer en contra de ese mandato social, que es el que lo dota de sobrada legitimidad para actuar.
El pueblo confía en su Ministerio Público Independiente, en la Magistrada Miriam, en la Magistrada Jenny, en el Magistrado Camacho. Ellos tienen en sus manos la mayor esperanza de esta nación contra la corrupción y confían mucho en que no le fallarán.
