Tras dos semanas de que los implicados en la Operación Coral se encuentren recluidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, será hoy cuando la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, decida sobre la solicitud de medida de coerción que ha hecho el Ministerio Público.
La audiencia del caso, en el que se acusa al mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia; a la pastora Rossy Guzmán, al cabo policial Tanner Flete Guzmán (hijo de la religiosa), al coronel Rafael Núñez de Aza y al mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, de formar parte de una red de corrupción militar, societaria y religiosa, está fijada para hoy, a las 11:00 de la mañana.
El Ministerio Público pidió el pasado viernes 18 meses de prisión preventiva contra Cáceres Silvestre, Guzmán, Flete Guzmán y Núñez de Aza, mientras que para Girón Jiménez, quien el pasado jueves aceptó los cargos e inculpó a los demás acusados, solicitó que se le imponga arresto domiciliario, vigilancia e impedimento de salida del país.
La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, le indicó a la jueza que debido a las declaraciones emitidas por Girón Jiménez, este ahora está en una situación especial con relación a su seguridad, aunque esto no quiere decir que quedará fuera del proceso.
Por otro lado, las defensas de los imputados Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán, el cabo Flete Guzmán y el coronel Núñez de Aza pidieron a la jueza Romero que rechace la solicitud que hizo el Ministerio Público de prisión preventiva y en consecuencia se dicte libertad pura y simple.
Indicaron que las imputaciones del órgano acusador carecen de sustento, y que además, los referidos acusados tienen arraigo suficiente para no sustraerse del proceso penal.
El procurador adjunto Wilson Camacho aseguró que el Ministerio Público desarrolla una serie de diligencias de investigación en la que sigue identificando bienes millonarios de todo tipo, adquiridos de forma ilícita por la red de corrupción desarticulada con la Operación Coral. “Este caso puede sorprender a toda la sociedad porque se trata de una red de corrupción que, sin imponerse límites, se dedicó a sustraer de las arcas del Estado grandes sumas de un dinero que bien pudo ser utilizado para fortalecer el trabajo de organismos de seguridad y, sobre todo, para mejorar las condiciones laborales de los hombres y mujeres que sirven en esos cuerpos armados”, dijo Camacho.
