SANTO DOMINGO.- El dirigente político Guido Gómez Mazara depositó por ante el despacho del Consultor Jurídico de la Presidencia y coordinador general de la Comisión de Recuperación de Bienes Sustraídos al Estado, Antoliano Peralta, una relación de transacciones inmobiliarias realizadas por exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que a su consideración entran en el marco de ser transparentadas o ser devueltas al patrimonio estatal.
Entre dichos bienes figura un apartamento adquirido por la sociedad Baker Street Financial INC, rastreado y documentado vía el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht; una casa en el Residencial Don Bartólo, de La Vega; cuatro solares y su respectiva edificación en el Residencial Colinas del Oeste; el local de la Embajada Dominicana en Ciudad Panamá y un solar en la calle Bau número 4, del Sector Los Cacicazgos, de Santo Domingo.
El denunciante estableció que las operaciones inmobiliarias descritas y sometidas oficialmente a la Comisión de Recuperación de Bienes Sustraídos al Estado están asociadas con Andrés Dauhajre; Julio César Correa, exdirector de Edenorte; el mayor general Adán Cáceres, exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina; Robert de la Cruz, exasistente especial de Medina, y la gestión de Miguel Vargas Maldonado en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Indicó que las operaciones señaladas pueden ser detectadas con bastante facilidad y los rastros conducen al establecimiento de responsabilidades respecto de sus autores, compañías e ingresos formales que, en un altísimo porcentaje, los salarios formales de los exfuncionarios no pueden justificar las adquisiciones inmobiliarias, de ahí la necesidad de proceder legalmente previo una rigurosa investigación.
Al remitir la comunicación, el político y exmiembro del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) dijo que no tiene ningún interés en que su iniciativa caiga en los ámbitos de la Ley 302-64 sobre Honorarios de Abogados, sino que parten del firme convencimiento de que los ciudadanos “tenemos que contribuir con el adecentamiento de la vida nacional y reconstrucción de la credibilidad de un sistema político que no genera consecuencias penales a los que transforman dinero público en patrimonio privado”.
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