SANTO DOMINGO.- Lejos de ser un ejemplo pulcritud y predicar la austeridad de Jesucristo, las iglesias de la pastora Rossy Guzmán y del mayor general Adán Cáceres, movieron cantidades millonarias de dinero defraudado al Estado, como consecuencia esto, ayer fueron acusadas formalmente de lavado de activos para la red corrupta desarticulada en las operaciones Coral y Coral 5G.
El Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve; el Templo Shalom Tierra de Paz, la Iglesia Bautista Vida Eterna, la Fundación Campesina Madre Tierra, entre otras entidades religiosas son señaladas por el Ministerio Público como fachadas que sirvieron para captar y blanquear capitales sustraídos de los cuerpos castrenses para el lucro de los miembros del entramado.
El Ministerio Público establece que los imputados, Adán Cáceres, el coronel Rafael Núñez De Aza, la asimilada de la Policía Nacional Rossy Guzmán (La Pastora), entre otros miembros de la red utilizaban militares de confianza y relacionados directos para el depósito de dinero en efectivo a la cuenta de la Asociación Campesina Madre Tierra. Para ello se valían de la táctica llamada «Pitufeo», que consiste en depositar pequeñas sumas de dinero en efectivo para evitar los controles de riesgo.
En tanto que las iglesias del entramado recibían millones en contribuciones de parte de Adán Cáceres, dice la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Al hacer el depósito de la acusación la procuradora adjunta Mirna Ortiz, y un equipo de la Pepca, informaron que el entramado de la red Coral y Coral 5G movió más de 4,000 millones de pesos, y más de 2,000 millones de pesos ilícitos fueron invertidos en adquisición de bienes e inmuebles por parte de los imputados.
En la acusación formal de estos dos casos de corrupción que han solicitado fusionar, han sido imputadas 30 personas y 18 empresas que formaban parte del entramado.
La red de corrupción desarrollaba sus actividades en el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado en Seguridad Turística (Cestur), principalmente, con el abultamiento de la nómina.
Pero además, la Pepca dice que en el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) se replicó el modelo corrupto para sustraer recursos.
La Pepca utilizará como nuevas pruebas investigaciones especiales realizadas por la Cámara de Cuentas y que revelan irregularidades en el Cestur, Cusep y el Conani.
Corrupción en Conani
En el Conani encontraron irregularidades durante la gestión de Greybby María Cuello, esposa del exdirector del Cestur, general Juan Carlos Torres Robiou.
Los hallazgos indican que en el Conani el Comité de Compras y Contrataciones estuvo presidido por el coronel Rafael Núñez de Aza, pese a que este estaba impedido por el Ministerio de Administración Pública (MAP) para ocupar cargos administrativos; encontraron contrataciones firmadas con fecha superior al límite contemplado en la legislación; personal militar en funciones administrativas sin autorización del MAP y la Contraloría General.
También hallaron asignación de combustible y viáticos a personal que no estaba nombrado en el Conani.
Corrupción en Cusep
En las investigaciones especiales revelaron que se realizaron pagos a personal que no labora en la entidad por un monto superior a los seis millones de pesos y a personas que trabajan en otras entidades del Estado por un millón 248 mil 650 pesos.
Asimismo indica que se realizaron pagos a proveedores de bienes y servicios “sin evidenciarse los procesos de selección” establecidos por la ley.
También aparecen pagos por concepto de “inteligencia sin soportes; adquisiciones sin certificación de existencia de fondos; compra de “tickets” de combustible sin listado de beneficiario, y distribuidoras de combustibles sin certificación de permiso o licencia, entre otros procesos al margen de lo que establece la ley.
Corrupción en Cestur
También se realizó una investigación especial al Cestur que abarca las gestiones del mayor general Pedro Cáceres Chestaro (2010-2011), y del general Juan Carlos Torres Robiou (2014-2021). Encontraron que hubo pagos a una empresa intermediaria que no era el beneficiario final de los recursos ni el proveedor del servicio por más de 77 millones de pesos.
Se identificaron contratos de bienes y servicios sin evidenciar aplicación de procedimientos de selección. De igual forma, pagos a proveedores con lazo de consanguinidad con funcionario de la entidad a un monto de 72,333,751 pesos.
Y se confirmó debilidades en contratación con la compañía Global Investment and Business Bridimar, SRL, por un monto de 2,133,558 pesos.
Otro que decide colaborar
Las colaboraciones han sido estrategias atractivas para los imputados en estos casos de corrupción. Trascendió que el imputado César Félix Ramos Ovalle, se dispuso a colaborar con la Pepca a cambio de ser dejado fuera y servir de testigo. Ramos Ovalle es un empresario dueño de la empresa La Marina, la cual era contratada por el Cestur para el suministro de tickets de combustible, sin embargo, la misma no los entregaba y recibía vía transferencias los pagos correspondientes como si el servicio fue brindado. Los porcentajes de esas transacciones se lo repartían este empresario y el imputado Rafael Núñez de Aza.
WANDER SANTANA
