POR NARCISO ISA CONDE.- El mayor estímulo a la corrupción se llama impunidad y seguimos lejos del fin de la misma, demandada por el pueblo verde en recurrentes movilizaciones multitudinarias realizadas del 2017 al 2020. Marcha Verde fue desviada de su rumbo independiente, cuando sus portavoces optaron por desconocer la decisión de no respaldar ninguna de las opciones electorales, todas derechistas y neoliberales.
El clamor popular derrotó 20 años de desgobierno y corrupción del PLD, pero al optar al electoralismo, sus ONG financiadas por USAID y sus corrientes propias de un progresismo degradado y una “izquierda sistémica”, el flujo verde nutrió al PRM y su candidato presidencial, de la mano de Washington y tutelado por elites capitalistas que apostaron al relevo electoral.
Consumada la usurpación temporal de esa avalancha, más allá de los dilatados y tortuosos procesos judiciales derivados de operaciones Anti-pulpo, Coral, Medusa, Calamar, Falcón…, se registra que mucha corrupción pasada ha quedado impune y vuelve a repuntar; presentando varas altas en el Ministerio de Agricultura, precedidas de variadas expresiones.
La acción de justicia, instrumentada por una PGR cercada por un sistema hostil, se ha concentrado contra el PLD-Danilo. Los gobiernos de Hipólito y Leonel no han sido tocados…ni hablar el PRSC y otros aliados del PLD. Pasa igual con delitos ambientales, Punta Catalina, sobrevaluaciones y consorciados de Odebrecht.
La gran corrupción empresarial denunciada está intacta: Antena Latina, Ege Haina-Fonper, Ege Itabo, mafia-gas propano, Sansouci y Cogentrix. narco-generales y narco-política en cúpulas gubernamentales y partidos manchados de narco-corrupción han sido protegidas.
No extrañen entonces que el Ministerio de Agricultura esté ardiendo, que antes ardiera Educación en tiempos de Fulcar, el Ministerio de la Juventud en varias ocasiones y el de la Presidencia con Macarrulla.
Impunes todos antes que el caliente llegara a Agricultura. Impune sigue la corrupción político-militar-empresarial en fronteras, daños a Laguna Saladillo y manglares de esa zona, Valle Nuevo y áreas protegidas de playa Cabo Rojo… mientras el negocio electoral, riferos y maleantes del Congreso siguen campantes.
Al evaluar lo acontecido, es justo destacar, que además del impacto negativo del accionar de la Pepca muy concentrado en la corrupción danilista- están las causas sistémicas que bloquean la acción de justicia. Poder constituido y trabas en el sistema judicial son garantías de una alta impunidad. Claro que hay que insistir en entrarle al Ministerio de Agricultura, pero sin olvidar todo lo anterior y sin sorprendernos por el precio irrisorio de los terrenos estatales traspasados en compra y venta al resort de Playa Bergantín, ni por el destino final de la Autovía del Ámbar.
