POR CRISTHIAN JIMENEZ.- Sufrimos limitaciones de derechos fundamentales debido al estado de excepción que facilita un más eficiente combate de la pandemia de Covid-19.
En algo más de un año, muchos dominicanos hemos registrado pérdidas en vida de familiares, amigos, compañeros de trabajo, apreciados conocidos. Otros, sin empleos o visto desaparecer el pequeño negocio de manutención familiar.
El gobierno se vio obligado a endeudarse al extremo y cuando trata de socializar mecanismos de búsqueda de más recursos encuentra hostilidades y advertencias sanas que obligan al aplazamiento. “Ni contigo ni sin ti…”
Se apuró la reactivación económica y vino la flexibilización extrema y el irresponsable desorden social, que se saldó con un enorme rebrote que algunos médicos temen desborde los centros públicos y privados. Para colmo el ministerio de Salud confirma lo que se comentaba desde hace semanas: presencia en el país de las mortíferas variedades brasileña e inglesa.
El gobierno ha tocado todas las puertas para comprar vacunas, y aunque no hay garantía de entregas de los laboratorios ingleses y norteamericanos, esta vez nos ha salvado el médico chino.
En este contexto, duele tanta ignorancia y estupidez humanas; personas que le creen a cualquier extraño y menosprecian a científicos y a sus propios médicos.
En el caso de líderes religiosos es más grave aún, porque exponen a infelices, bajo sugestión, a quienes no irán a ver al hospital en medio de la agonía.
Cierto que constitucionalmente nadie puede ser obligado a vacunarse y que tiene derecho a emitir opiniones sin censura previa, pero totalmente diferente es montar campañas sistemáticas en plena pandemia para desorientar a los ciudadanos, contrariando criterios científicos y de organismos a los que República Dominicana está adscrito. Son 3.53 millones de muertos a nivel global y 3 mil 628 en el país. Un puñado de reacciones frente a más 700 millones de vacunados.
En República Dominicana el 80 por ciento de los ingresados a hospitales públicos en las últimas semanas carecía de vacunas.
En el caso de los trabadores renuentes, hay abogados que plantean que puede ser despedidos de manera justificada al resistir procedimientos de ley vinculados con accidentes y salud. La protección de la vida de los demás.
Un individuo puede rechazar la vacuna, pero el empleador no puede arriesgar la salud y vida de decenas, cientos o miles de trabajadores por ignorancia, temor, fanatismo. En un plano macro, un gobierno no puede aceptar impasible que un grupito de ruidosos derribe los esfuerzos vencer el Covid en un plazo razonable, evitando otras muertes y retrasando la reactivación económica.
Al 28 de mayo el Plan Nacional de Vacunación registraba un total de dosis aplicadas de 4 millones 188 mil 983. De este total 3 millones 155 mil 232 eran primeras dosis y un millón 33 mil 751 completó el ciclo.
Las autoridades deben profundizar su campaña de difusión y educación y continuar captando el apoyo y solidaridad de sectores privados, así como de personalidades con ascendiente ciudadano.
Aunque se nota un amplio manejo de redes, deben utilizarse los métodos tradicionales, hasta de “perifoneo” para llegar a los sectores más apartados y zonas empobrecidas de los barrios del Gran Santo Domingo.
Recordar a las autoridades sanitarias que se atacan las pandemias en territorios afectados, sin discriminaciones por nacionalidades o por indocumentación.
Grupos de haitianos y venezolanos sin vacunar es seria amenaza para los que han recibido inoculaciones y para éxito del programa y todos los planes de reactivación económica.
En definitiva, la ignorancia y la estupidez, pese a ser dos terribles pandemias, podrían ser hasta excusables, no así el sabotaje oportunista.
