Alrededor de 54.8 % de los ocupados trabaja fuera del sistema formal, una situación que afecta productividad
SANTO DOMINGO.- La economía dominicana ha mostrado capacidad para generar empleos y absorber a miles de personas que ingresan cada año al mercado laboral. Sin embargo, esa capacidad no ha ido acompañada de una mejora importante en la calidad de los puestos de trabajo. Más de la mitad de quienes trabajan en el país lo hacen en condiciones de informalidad, fuera de contratos formales, sin protección social y con pocas oportunidades de crecimiento.
Alrededor de 54.8 % de los ocupados en República Dominicana trabaja de manera informal. Esto significa que cerca de 2.7 millones a 2.8 millones de personas están fuera del marco formal del mercado laboral. La cifra muestra que el principal desafío del empleo en el país no es la falta de trabajo, sino las condiciones en que ese trabajo se genera. Por más de una década, la informalidad se ha mantenido prácticamente sin cambios.
La proporción de trabajadores informales ha oscilado entre 55 % y 57 % del empleo total, lo que confirma que no se trata de un fenómeno temporal ni de una situación ligada a un momento económico específico. La informalidad forma parte de la estructura misma del mercado laboral dominicano. De acuerdo con el estudio “Análisis de la Informalidad en la República Dominicana: una primera aproximación a un fenómeno complejo”, elaborado por la Dirección de Análisis Económico del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, el país sí genera empleo, pero una parte importante de esos puestos se crea en actividades de baja productividad, menor estabilidad y limitado acceso a beneficios laborales.
El comportamiento del mercado laboral dominicano presenta una característica particular dentro del contexto regional. Entre 2015 y 2024 la población económicamente activa aumentó en aproximadamente 825 mil personas, mientras que el número de ocupados creció en cerca de 856 mil. Esto significa que el mercado laboral ha logrado incorporar a quienes entran cada año a buscar trabajo. No obstante, ese aumento de los ocupados no ha venido acompañado de una reducción significativa de la informalidad. La mayoría de los nuevos empleos se sigue generando fuera del sistema formal, en pequeños negocios, trabajos por cuenta propia y actividades de subsistencia. La composición del empleo informal muestra precisamente esa relación con los micronegocios y el trabajo independiente. Aproximadamente 97% de los trabajadores por cuenta propia opera en condiciones informales. En el caso del servicio doméstico, la proporción ronda 92 %, mientras que cerca de 73 % de los propietarios de micronegocios también trabaja fuera del marco formal.
Estos datos a los cuales tuvo acceso elCaribe reflejan que la informalidad dominicana está estrechamente vinculada a la estructura productiva del país. Buena parte de la economía descansa sobre pequeños negocios familiares, emprendimientos de subsistencia y actividades con poca capacidad de inversión y escaso acceso a financiamiento.
En comparación con América Latina, República Dominicana presenta niveles de informalidad superiores al promedio regional. Mientras en la región la informalidad laboral se sitúa alrededor de 46 % del empleo, en el país la proporción ronda 52 %, lo que coloca a la economía dominicana por encima de la media latinoamericana. Uno de los aportes principales del estudio del MICM es que plantea que la informalidad no responde a una sola causa. Tradicionalmente se asocia con evasión de impuestos o incumplimiento de regulaciones, pero el fenómeno es más amplio y responde a distintas realidades económicas.
El estudio identifica tres grandes tipos de informalidad. El primero es la informalidad dual, que es la más común en economías en desarrollo. Se relaciona con actividades de baja productividad y pequeños negocios de subsistencia, donde las personas trabajan de manera informal no porque quieran evitar costos, sino porque no tienen capacidad económica suficiente para formalizarse.
En esta categoría se encuentran vendedores ambulantes, pequeños comerciantes, trabajadores agrícolas de subsistencia y microempresas familiares. Son personas que enfrentan limitaciones como bajo nivel educativo, poco acceso al crédito, escaso capital y reducidas oportunidades de crecimiento.
El segundo grupo es la llamada informalidad romántica. Aquí se ubican empresas y trabajadores con potencial de crecimiento, pero que permanecen fuera del sistema formal por los altos costos regulatorios, la complejidad de los trámites o estructuras tributarias poco adaptadas a los pequeños negocios.
Este segmento tiene especial importancia porque incluye unidades productivas que podrían formalizarse si existieran condiciones más favorables. Son pequeños negocios que tienen capacidad para generar empleo y aumentar productividad, pero encuentran barreras para dar el paso hacia la formalidad.
La “diabólica”
El tercer grupo es la informalidad diabólica. Se trata de empresas o personas con suficiente capacidad económica para operar formalmente, pero que prefieren mantenerse fuera del sistema para evitar costos laborales y tributarios. Esta práctica genera competencia desleal frente a las empresas formales, que sí deben asumir pagos de impuestos, seguridad social y otras obligaciones.
Más allá de su impacto sobre la recaudación, la informalidad tiene consecuencias importantes para el desarrollo económico. Las empresas informales suelen operar con menos capital, menos acceso al financiamiento y menos incorporación de tecnología. Esto reduce su productividad y limita sus posibilidades de crecimiento. También se generan distorsiones en la competencia. Las empresas formales enfrentan mayores costos regulatorios y tributarios, mientras otras operan sin asumir esas obligaciones. Esto puede crear incentivos para permanecer fuera del marco formal.
Para los trabajadores, la situación implica menos estabilidad y menos acceso a protección social. La mayoría de los trabajadores informales no cotiza para pensiones, carecen de seguro de salud vinculado al empleo y de mecanismos de protección frente a accidentes o pérdida de ingresos. Estas dinámicas contribuyen a mantener un modelo económico de baja productividad, en el que empresas y trabajadores quedan atrapados en actividades de poco valor agregado y con pocas posibilidades de crecimiento.
La cuestión del crédito, la capacitación y tecnología
Formalizar no significa únicamente registrar un negocio. También implica integrar a trabajadores y empresas a un sistema que les permita acceder a financiamiento, capacitación, tecnología, mercados formales y protección social. El Ministerio de Industria y Comercio ha desarrollado una estrategia para facilitar ese proceso. Uno de sus principales instrumentos ha sido la Ventanilla Única de Formalización, creada para simplificar los trámites de registro y creación de empresas.
Entre 2020 y 2025 se emitieron 58,801 certificaciones a mipymes, lo que representó un incremento de 338 % respecto al quinquenio anterior. Parte de ese avance se atribuye al programa Burocracia Cero, que permitió reducir los tiempos de entrega de certificaciones de 15 días laborables a menos de 48 horas. Adicionalmente, se estima que más de 54 mil empresas se han formalizado en los últimos cinco años.
MARTIN POLANCO
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