CONSTANZA, LA VEGA.- Vicente Antonio Figueroa García, acusado de no cumplir con sus responsabilidades en el pago del alquiler de una residencia en esta localidad en perjuicio de la señora Altagracia Morales, presentó su versión del hecho.
Figueroa García se refiere a una denuncia formulada en este medio hace una semana por la citada dama, quien le acusa de no cumplir con su responsabilidad en los pagos del alquiler de la casa y tampoco entregársela como ya dictó un tribunal.
Dijo que eso no es cierto y lo que se busca es «hacerle daño moral» y una «coartada suya» ante los pasos que se dan en los tribunales, en los que asegura tendrá ganancia de causa.
El denunciante admite que la vivienda es de dicha señora, pero está edificada en terrenos públicos, donde ha invertido unos 300 mil pesos en mejoras y no 700 mil como alega Morales.
Vicente Figueroa García expresó que es él quien ha sido amenazado de muerte por Altagracia Morales, quien supuestamente busca desconsiderarlo con la imposición de una demanda que implica ya una cita para establecer medidas de coerción en su contra, sin que haya violentado ninguna norma legal.
El señor Figueroa García dijo que al reclamarle el pago de la inversión que hizo con su permiso, la respuesta es amenaza con desalojo, le somete a la justicia, con fichas en la fiscalía y hasta con quitarle la vida, lo que le mantiene en zozobra junto a su familia.
Denuncia
El pasado 14 de marzo, este medio publicó la historia de Altagracia Morales, quien expresó sentirse impotente y desesperada por la renuencia de García a desocuparle la vivienda.
“Yo soy una mujer pobre, de donde le voy a buscarle a él 700,000 pesos”, se quejó la mujer, apodada «Nena».
Ella ha reclamado el inmueble por incumplimiento de pago, debido a que solo percibió el monto de las primeras ocho mensualidades y la persona lleva viviendo en su propiedad casi 5 años.
El abogado Juan Abreu, quien representa a la propietaria, precisó que el Juzgado de Paz ordenó el desalojo del inquilino, pero que este recurrió la decisión.
Indicó que ahora esperan la sentencia del tribunal de apelación, que ratifique la decisión de primer grado. Reconoce que el proceso judicial se retrasó un poco producto de la pandemia de Covid-19, cuando cesaron las labores judiciales.
LEONCIO PERALTA
