SANTO DOMINGO.- “No se trata de un mero antojo, sino la derivación lógica de un trabajo de investigación, estudio y diagnóstico de ambas normas”, fueron las palabras del presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Andrés Jáquez Liranzo, entorno a la insistente postura del organismo que encabeza sobre la modificación de las leyes electorales de la República Dominicana.
Jáquez Liranzo se expresó en estos términos durante la conferencia “Los porqués de la reforma electoral”, dictada este martes, en la que enfatizó que el objetivo es aplicar una reforma “integral, clara, con garras, con controles, justa y paritaria” que fortalezca el sistema electoral y la democracia.
En el transcurso de la ponencia, Jáquez Liranzo desglosó al menos siete razones por las cuales consideró debe impulsar la modificación de las leyes.
El primero de estos argumentos fue porque la cantidad de articulados que han sido eliminados por el Tribunal Constitucional o declarados inconstitucionales, en el futuro representarán “un problema” para la administración electoral debido a que “crearán una excesiva judicialización del proceso electoral ante la amalgama de interpretaciones sobre las decisiones que no son firmes”.
El presidente de la JCE manifestó que estas declaraciones de inconstitucionalidad irradian incertidumbre y confusión sobre los actores políticos debido a que quien consulta las normas electorales desconoce con precisión cuáles disposiciones están vigentes y cuáles no.
Como segunda razón, señaló la existencia de períodos de precampaña y campaña “muy largos” e “indeterminados”, lo que, según dijo, se traduce en desigualdades en la contienda y excesivos gastos económicos.
En ese sentido, dijo que la falta de disposición legal que contemple de forma clara la duración de un periodo electoral produce incertidumbre jurídica y atenta contra la calendarización y la preclusión.
“La lógica es simple, entre más largo es el período permitido para realizar actividades orientadas hacia la obtención de votos, más dinero requerirán los aspirantes, precandidatos, candidatos y organizaciones políticas para posicionarse debidamente ante el electorado y competir en las elecciones generales”, agregó.
En esa misma línea, se refirió al establecimiento de los topes de gastos, los cuales actualmente son “muy altos” y no tienen controles de fiscalización, ni sanción ante incumplimiento.
De acuerdo con Jáquez Liranzo, la reforma permitirá contar con topes tanto para gastos como para aportaciones para favorecer la competencia y reducir desequilibrios. El cuarto de los “porqué” de la conferencia fue la falta de garantía de una competencia económicamente justa con el voto preferencial en las elecciones municipales.
Según el orador, este sistema debilita a los partidos y obstaculiza la participación de mujeres y jóvenes ya que produce lo que definió como el síndrome del candidato mayormente promocionado, que suelen ser hombres.
En tanto el quinto y sexto aspecto abordado por el presidente de la JCE fue la falta de claridad del régimen administrativo sancionador electoral y la “telaraña competencial” existente entre el Tribunal Superior Electoral (TSE), el Tribunal Superior Administrativo (TSA) y el Tribunal Constitucional (TC).
“Si se mantiene la configuración actual, parecería competencia del Tribunal Superior Electoral velar por la sanción de las infracciones administrativas electorales, según lo previsto en el artículo 81 de la Ley 33-18; lo que comportaría una distorsión”, explicó.
La última de estas justificaciones para la reforma fue la necesidad de un marco jurídico que garantice la ejecución en base a buenas prácticas y principios que aseguren la integridad electoral. Jáquez Liranzo puntualizó que aunque se trata de decisiones políticas, el liderazgo que las decide debe entender y priorizar la democracia y el desarrollo.
Crono
Leyes.
La reforma a las leyes electorales busca establecer un sistema electoral para lograr sufragios inclusivos, limpios y competitivos.
Congreso.
El presidente de la JCE estima que esta legislatura es el “tiempo límite razonable” para que el Congreso Nacional lleve a buen puerto la reforma electoral.
Informes.
La modificación contempla una serie de sanciones para aquellas precandidaturas y candidaturas que no presenten sus informes de ingresos y gastos.
HELENNY AMPARO