SANTO DOMINGO.- La elaboración de un Código Electoral que integre la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la Ley Orgánica de Régimen Electoral 15-19, sigue concitando el respaldo de las organizaciones políticas, ya que sus actores consideran que este sería un importante instrumento legal, electoral y procesal en la República Dominicana de cara a los comicios de 2024.
Su creación ha sido planteada e impulsada tanto por los partidos como por la actual Junta Central Electoral (JCE), al darse cuenta que la Ley 33-18 y la Ley-19 (que requieren modificaciones) se contradicen entre sí. La situación quedó en evidencia en el pasado proceso electoral del año 2020, cuando varios artículos de ambas legislaciones fueron declarados inconstitucionales.
Ya la JCE ha terminado el estudio de las leyes electorales para las modificaciones y el borrón del documento que ha prepadado será enviado a los partidos este viernes 23 de julio para su evaluación y posterior discusión. Posteriormente, es decir, el jueves 29 de julio, se presentará en un acto público, al cual serán invitados los actores políticos, la sociedad civil y los medios de comunicación.
Pero, ¿qué dicen los partidos?
La codificación de las leyes electorales ha concertado el apoyo de las entidades políticas, pero estas coinciden en un aspecto fundamental. Y es que entienden que si estas no sufren las modificaciones pertinentes en esos escollos e incongruencias; si no se cumplen sus mandatos y no se adaptan a la realidad política-electoral del país, esto no tendría ningún sentido.
A juicio del dirigente político y vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Héctor Guzmán, los problemas que se presentaron en el proceso electoral con la aplicación, por primera vez, de la ley de partidos y la modificada ley electoral, no fueron de contradicciones de las mismas, sino, el resultado de las violaciones de sus mandatos, la irresponsabilidad de los actores en no cumplir con los consensos logrados y el choque de trenes entre los órganos electorales al aplicar lo que se llama “populismo judicial”. Dice que un ejemplo de eso fue lo sucedido con las decisiones del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la Junta Central Electoral (JCE), y su impacto en los procesos internos en los partidos.
“Actualmente, la JCE está llevando a cabo una propuesta de Código Electoral para presentar a los partidos, buscando con ello, la modificación y adecuación de las normas electorales. En mi opinión, considero buena la iniciativa porque la política es dinámica y luego que pasa un proceso electoral lo normal, lo recomendable es, evaluarlo y corregir los aspectos negativos y consolidar los positivos, para así lograr normas electorales más adecuadas a nuestra realidad y más eficientes”, señala a elCaribe.
Su parecer es concluyente cuando dice que si se cambiara ese tipo de conductas está seguro de que, con las normas electorales existentes y con mínimas modificaciones, sería más que suficiente para lograr un proceso electoral exitoso de cara al 2024.
José Dantés, secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), no dista de lo expuesto por Héctor Guzmán, ya que sostiene que es indistinto si las leyes electorales se codifican o no, porque “eso es lo de menos”.
“Lo importante es que se corrijan los entuertos que hay en la ley de partidos, en la Ley Orgánica de Régimen Electoral y en la Ley Orgánica del TSE; y se adecúen a la realidad política de nuestro país. Poco importa si están en un código o en 3 leyes diferentes. Obviamente, si están codificadas es más fácil su estudio, lectura y consulta, pero es irrelevante en términos sustantivos o de fondo”, indica.
Lo sustantivo aquí, señala, es castigar el transfuguismo, facultar al TSE para que decida sobre las apelaciones de resoluciones de la JCE que impactan la materia electoral, y que no sea el TSA y decidir si se separan las funciones electorales de las administrativas de las juntas municipales, entre otros temas importantes.
El pasado viernes, el presidente Luis Abinader, quien es el principal líder del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), abogó, -en su condición de figura principal del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)-, por la creación del Código Electoral por entender que esa normativa subsanaría las incongruencias de las leyes electorales. No era la primera vez que el mandatario daba el espaldarazo a esto, pero su pronunciamiento tomó más fuerza por el escenario en el que se pronunció. Lo hizo en el proceso de evaluación para la escogencia de los nuevos jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE).
El delegado político del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) ante la JCE, Tácito Perdomo, saludó que el gobernante manifestara su apoyo al Código Electoral, tras afirmar que la elaboración de esa normativa ha sido un anhelo de largos años de su organización.
“Ese es un anhelo de largos años, de larga data del Partido Reformista que por iniciativa del ingeniero Antún Batlle, nuestro presidente, lo hemos llevado a todos los ámbitos. Incluso, para el proceso de la ley electoral y la ley de partidos, recién se aprobaron, nosotros lo propusimos para que se recogiera todo en un código esas dos leyes y además, todas las leyes que de alguna manera inciden en lo electoral”, dijo a este diario.
Para Leonardo Suero, delegado del partido Unión Demócrata Cristiana (UDC), sería interesante la existencia de un Código Electoral que pueda recoger tanto la ley 33-18 y la 15-19, la propia ley del Tribunal Constitucional y otras leyes que, según dice, están difusas. Dice que para ello tendrían que ponerse de acuerdo todos los actores en una discusión armoniosa y de buena fe.
Ya hay una propuesta en la Cámara de Diputados
Hace unas semanas, los diputados Elías Wessin Chávez, Miguel de los Santos y Miguel Bogaert presentaron en la Cámara de Diputados un primer proyecto de reforma a las leyes electorales para aprobar un Código Electoral. La iniciativa plantea la figura del debate electoral como obligatorio para los candidatos presidenciales, vicepresidenciales, senadores y alcaldes, bajo la organización de la JCE; un nuevo criterio para la distribución de los recursos que reciben los partidos políticos del Estado; también le quitaría el tope que impone ahora la ley 33-18 para el inicio de la precampaña; establece que si un partido no decide hacer primarias abiertas para la escogencia de los candidatos a cargos de elección popular, las actividades de los precandidatos deben limitarse a lo interno de los partidos y no se le permitiría la propaganda externa, entre otros puntos.
DARIELYS QUEZADA
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