SANTO DOMINGO.- El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó la detención del autodenominado «detective» Ángel Martínez, por faltarle el respeto al juez Raymundo Mejía, durante una audiencia que tenía lugar este miércoles en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
En esta última se conocía si había suficientes elementos de prueba para llevar a juicio de fondo a Martínez, quien ha sido acusado de difamación e injuria por Faride Raful, ministra de Interior y Policia y dirigente del gubernamental Partido Revolucionario Moderno.
El abogado de la funcionaria Miguel Valerio, dijo que el juez Mejía también condenó al abogado de Martínez, Rafael Percival Peña, al pago de una multa equivalente a la mitad del salario de un juez, que supera los 100,000 pesos.
La decisión del magistrado fue tomada luego de que el imputado y su defensa presentaran ante el tribunal una litigación temeraria, informó Valerio.
«Él fue en una actitud a ‘comerse’ al juez, a hablar de manera grosera al juez. Él cree que está por encima de la ley, y evidentemente el juez hoy tomó dos decisiones», dijo el abogado a los periodistas.
Aseguró que Martínez permanecerá en prisión hasta que se conozca nuevamente la solicitud de coerción en su contra, prevista para el martes 29 de julio.
DENUNCIA «ABUSO DE PODER»
De su lado, el imputado aseguró ante miembros de la prensa que su arresto es un abuso de poder político.
«Este Gobierno es un opresor. Faride Raful dijo que había que meterme en la cárcel. Ni Trujillo hizo esto. Esto es un abuso. ¡Qué barbaridad!», vociferaba Martínez mientras era trasladado hacia la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Martínez ha enfrentado varias querellas por difamación e injuria, algunas de las cuales han sido retiradas tras este retractarse.
Además de la de Raful, también enfrenta una querella similar presentada por la exviceministra del Ministerio de Medio Ambiente, Milagros De Camps Germán.
Es acusado de utilizar sus redes sociales para ofrecer informaciones falsas e injuriosas sobre la reputación de estas personas.
En su querella, Raful exige una indemnización de 50 millones de pesos por los presuntos daños y perjuicios que le habrían sido causados por las declaraciones del acusado.
ALI NUÑEZ
