Un juez peruano rechazó este jueves la petición de prisión preventiva presentada por la Fiscalía para el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), que permanece en Estados Unidos a la expectativa de su extradición al país andino por delitos de corrupción relacionados con el caso Odebrecht.
El magistrado Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, basó su decisión en «defectos de la Fiscalía en su planteamiento», según anunció el Poder Judicial en Twitter.
Advirtió que la prisión preventiva, así como la variación de la comparecencia simple por prisión preventiva, son instituciones jurídicas diferentes, exigen requisitos y trámites distintos, que «no pueden subsanarse con un escrito de corrección o aclaración».
No obstante, Concepción Carhuancho dejó libertad a la Fiscalía para volver a presentar la solicitud con los requisitos para cada uno de los procesados y «a fin de garantizar el derecho a la defensa».
El Ministerio Público (Fiscalía) incluyó en el requerimiento inicial a Marcos de Moura Wanderley y Avraham Dan On, investigados junto a Toledo por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión.
Desde California, donde ha residido los últimos años, Toledo está pendiente de que se resuelva un recurso de apelación que interpuso contra la extradición aprobada el 23 de febrero pasado por el Departamento de Estado de EE.UU. para responder ante la Justicia peruana por presuntos cargos de corrupción.
El exmandatario de 76 años, quien seguirá en libertad bajo fianza hasta que se resuelva dicho recurso, está imputado en su país por haber recibido unos 34 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, mediante un entramado de sociedades en paraísos fiscales a través de las cuales adquirió millonarias propiedades inmobiliarias en Perú.
En concreto, Toledo fue investigado por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, con relación a contratos concedidos a Odebrecht para la construcción de la Ruta Interoceánica entre Brasil y Perú.
La semana pasada, el Ministerio Público solicitó al Poder Judicial la expropiación y que se declare al Estado como propietario de los bienes inmuebles del expresidente Toledo, que fue detenido en 2019 en California y estuvo 8 meses en prisión por riesgo de fuga, aunque logró que se aprobara su arresto domiciliario con el estallido de la pandemia de la covid-19 en 2020.
En septiembre pasado, la Justicia estadounidense dio luz verde a su extradición a Perú, al haber hallado pruebas suficientes que justifican esta medida, aunque la decisión final quedó en manos del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken.
En Perú, el caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica, salpicó también a los expresidentes Alan García (1985-1990 y 2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), así como a la tres veces candidata presidencial Keiko Fujimori, hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000).
EFE
