El destino del mayor general Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán y los otros tres detenidos por supuestamente pertenecer a un entramado militar, social y religioso para distraer fondos del patrimonio público, se define este viernes, pues un tribunal les conocerá medida de coerción.
La jueza Kenya Romero, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, será la encargada de conocer la audiencia y decidir si envía a prisión a los imputados o si les impone una medida menos gravosa.
Contra Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia (Cusep), la pastora Rossy, el coronel Rafael Núñez de Aza, el teniente coronel Raúl Alejandro Girón y el cabo policial Tanner Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el Ministerio Público está pidiendo que se les dicte un año prisión preventiva..
Medida idónea “para salvaguardar el desarrollo de la investigación”
El órgano acusador considera que esta es la medida coercitiva más idónea “para salvaguardar el desarrollo de la investigación”.
Además, solicita que el caso se declare de tramitación compleja, debido a la cantidad de imputados. Los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, titulares de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), respectivamente, aseguran que llevan ante la jueza un caso “jurídicamente blindado” y tienen pruebas “fulminantes” contra los imputados.
“Nosotros no tenemos ningún temor, nuestro caso está jurídicamente blindado… El Ministerio Público está listo para conocerlo (el expediente) en el Centro Olímpico si es necesario”, manifestó Reynoso. “La prueba del Ministerio Público permitirá al tribunal, en el momento oportuno imponer la medida de coerción que hemos solicitado”, agregó Camacho.
De su lado, las defensas de Cáceres Silvestre y Núñez de Aza indicaron que los fiscales deben demostrar con pruebas las acusaciones en contra de sus defendidos.
¿De qué se les acusa a los cinco imputados?
Al grupo, apresado el pasado sábado durante la Operación Coral, el Ministerio Público le imputa los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y, además, porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
