SANTO DOMINGO.- El juez del juzgado de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo dictó tres meses de prisión preventiva a tres de los implicados en el fraude de la tarjeta Solidaridad 3.0.
El magistrado Bernardo Coplin García dispuso que Ydalisa Maribel López y Yanilda Altagracia Ramírez Herrera cumplan prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, mientras que Jonathan Martínez, en Najayo-Hombres.
Asimismo, impuso a Bernardo Hernández Concepción, el pago de una garantía económica de 100 mil pesos, presentación periódica y el impedimento de salida del país sin la autorización de un juez competente.
Mientras que a Juana Felicia Guillen y a Odalia Florentino, le impuso el pago de una fianza de 80 mil pesos en efectivo, impedimento de salida y presentación periódica.
El tribunal tomó la decisión al acoger una solicitud de medida de coerción por el Ministerio Público de esa jurisdicción, quien abrió una investigación en torno al nuevo caso de estafa a las personas beneficiarias de los subsidios sociales que el Gobierno otorga a través del programa Supérate.
Al grupo se les acusa de clonar miles de tarjetas Supérate.
Hasta el momento suman cerca de 40 las personas a las que se les ha impuesto medida de coerción por estafa al Estado dominicano.
En esta ocasión, la sustracción a las transferencias de los montos del programa Supérate asciende a unos RD$ 14,287.350.00, según consta en la querella depositada el 23 de febrero por la directora general de la Administradora de Subsidios Sociales, Digna Reynoso, a través del cuerpo de abogados constituidos por esa entidad gubernamental, coordinados Sol Ángel Rodríguez.
Además de estas personas, propietarias de los comercios: almacén El Pache; súper colmado Gloria; súper colmado Gael; colmado Juana; colmado Melinda y colmado Hernández, respectivamente, están prófugos los nombrados Santa Helena Geraldo; Francisca Mambrú Ramírez; Jorge Emilio de Jesús Rodríguez y Leonardo Heredia De La Rosa, contabilizando un total de 10 personas señaladas.
A la fecha, cerca de 10 comercios y 40 personas están sindicados como parte de una extensa red mafiosa que ha defraudado al Estado dominicano con más de 300 millones de pesos, lo que ha sido calificado por la directora de la ADESS como “una acción criminal que ha lesionado a las familias más necesitadas del país, por lo que sus responsables merecen y deben recibir todo el peso de la ley y el rechazo de toda la sociedad dominicana”.
RAMON CRUZ BENZAN
