BRASILIA.- Una jueza de la Corte Suprema de Brasil cobró este lunes explicaciones a un ministro del Gobierno y al director de la Agencia de Inteligencia (Abin) por la supuesta ayuda prestada a la defensa del hijo mayor del presidente Jair Bolsonaro en un caso de corrupción.
La magistrada Cármen Lúcia Antunes dio un plazo de 24 horas al ministro de Seguridad Institucional, el general retirado del Ejército Augusto Heleno Ribeiro, y al director de la Abin, Alexandre Ramagem, para que aclaren la supuesta elaboración de unos informes para orientar a los abogados del senador Flavio Bolsonaro.
El hijo mayor del mandatario fue denunciado formalmente ante la Justicia por la Fiscalía por los delitos de organización criminal, malversación, lavado de dinero y apropiación indebida durante su etapa como diputado regional de Río de Janeiro.
Según un reportaje de la revista Época, la Abin orientó a Flavio Bolsonaro a la hora de organizar su defensa en este caso que investiga una trama corrupta que, según el Ministerio Público, lideraba y de la que se beneficiaba el ahora senador.
De acuerdo con la Fiscalía, el primogénito del jefe de Estado se apropió durante años de parte o la totalidad del salario de funcionarios contratados de forma fraudulenta para su gabinete en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, pues en realidad estos no ejercían función alguna.
En este contexto, la revista Época afirmó en un reportaje publicado el pasado viernes que agentes de la Abin, los servicios secretos del Estado brasileño, prepararon algunos documentos con «instrucciones» para la defensa de Flavio Bolsonaro a fin de que pudiera librarse de las acusaciones, lo que por el momento no ha ocurrido.
Tras la divulgación de la noticia, cuatro partidos de oposición al Gobierno pidieron a la Fiscalía General investigar los hechos, la cual un día después informó que lo hará.
El ministro ya desmintió a Época en una nota oficial, en la que negó cualquier maniobra en favor del senador y calificó de «falsos» los documentos revelados por la publicación.
Sin embargo, la jueza Antunes afirmó en su decisión que las sospechas sobre la Abin son «graves» y que existe una jurisprudencia consolidada que prohíbe el uso de los órganos públicos para fines de índole personal, ante lo cual pidió aclaraciones a los aludidos.
En una nota conjunta, el Ministerio de Seguridad Institucional y la Agencia de Inteligencia dijeron que «aguardarán la notificación» del dictamen para «responder dentro del plazo estipulado» por la magistrada del alto tribunal.
EFE
