SANTO DOMINGO.- El 10% de los estudiantes inscritos en escuelas públicas no pudo iniciar las clases el 25 de agosto por falta de condiciones mínimas, mientras que el 58% de los más de 1,200 centros educativos requiere reparaciones, afirma la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).
Con estos últimos datos, el sindicato de maestros radiografió una panorámica del presente de la educación preuniversitaria que a todas luces pinta gris. “En este inicio de Año Escolar 2025-2026 nos enfrentamos a una crisis de magnitud sin precedentes en la última década”, señala la organización que preside el maestro y dirigente político Eduardo Hidalgo.
En rueda de prensa para presentar lo que podría ser su decálogo de propuestas en aras de alcanzar una mejora sustancial en el sistema educativo dominicano, la ADP afirmó que “la corrupción, la histórica deficiente gestión y el negocio en la educación son los obstáculos que impiden una educación de calidad”.
El liderazgo docente, agrupado en el gremio, sostiene que el déficit de aulas y la falta de infraestructura niegan el derecho constitucional a la educación para miles de estudiantes, cuyas familias deben enfrentar la desorganización y la incertidumbre ante la ausencia de cupos y condiciones adecuadas.
Desde su perspectiva, se ha orquestado una ofensiva contra los maestros, maestras y la propia ADP que busca desviar la atención de la profunda crisis que atraviesa la educación dominicana y de los escándalos de corrupción que afectan al sector educativo público.
“Estos señalamientos no deben servir para ocultar la responsabilidad de figuras y políticas que han fallado a la educación y que se han lucrado con el sistema. La ADP ha hecho y seguirá haciendo su labor en defensa de la escuela pública, de la calidad educativa y de la dignidad de los docentes y estudiantes”, asegura.
Según su denuncia, “sectores del empresariado y los grupos neoliberales que hoy cuestionan a la ADP han sido, en gran medida, los principales beneficiarios de la asignación del 4% del PIB a la educación con contratos millonarios, sobrevaluaciones y privilegios otorgados desde el Estado que han hecho de la educación un mercado y no un derecho”.
“Se han lucrado con construcciones escolares inconclusas o de baja calidad, con suplidores que acaparan la alimentación escolar y con contratos de libros y tecnología que nunca resolvieron la brecha educativa y digital”, subraya.
A pesar de estas adversidades, asegura que los docentes han estado en las escuelas públicas desde el 4 de agosto, participando en talleres de verano y organizándose para iniciar el año escolar, así como impartiendo docencia en cada escuela, mientras los dirigentes de la ADP han dedicado tiempo y esfuerzo a gestionar soluciones ante las dificultades que afectan a las comunidades educativas.
En ese sentido, la ADP reitera su compromiso con una educación pública de calidad, inclusiva y justa; y propone los siguientes puntos: Enfrentar la corrupción en el sistema educativo y que se aplique todo el peso de la ley para los responsables, fortaleciendo la rendición de cuentas y la no impunidad.
En esa línea, sugiere desarrollar procesos consolidados de monitoreo y evaluación del gasto educativo, con indicadores de impacto y mecanismos de retroalimentación que permitan realinear el presupuesto educativo con los resultados. Entre sus puntos, está preservar y fortalecer la Jornada Escolar Extendida en aras de evitar su debilitamiento por falta de aulas, insumos, infraestructura, mobiliario, equipos, personal docente y de apoyo.
La ADP propone reorientar la inversión educativa hacia criterios de eficacia y equidad, focalizando recursos en áreas y poblaciones de mayor necesidad. En ese orden, la organización plantea impulsar un programa amplio de construcción y mejora de infraestructuras escolares, con supervisión y participación de la comunidad educativa, y establecer un sistema de mantenimiento permanente de los centros.
Además recalca la necesidad de recuperar y hacer operativos los 13 puntos para la mejora de la calidad educativa propuestos por la ADP, incorporados en el acuerdo ADP-Minered. De igual forma, insta a revisar y, cuando corresponda, renegociar los contratos con entidades privadas y con ONG, con prioridad en resultados de aprendizaje y capacitación docente.
Por otro lado, la entidad gremial plantea excluir de programas de formación inicial docente a universidades cuyos egresados no demuestren competencias suficientes para aprobar los concursos de oposición, de ingreso a la carrera docente. También solicita contratar de inmediato el personal docente y de apoyo necesario, incluyendo orientadores y psicólogos, desde el banco de docentes elegibles y no por contratos administrativos.
DIANA RODRIGUEZ
