POR VINICIO CASTILLO SEMAN.- La Junta Central Electoral (JCE), en una insólita decisión, apenas unas cuantas horas después de recibir las objeciones de 26 partidos políticos sobre proyecto de resolución sobre reservas, ratificó íntegramente el contenido del proyecto convirtiéndolo oficialmente en una norma de la JCE para aplicarla en los comicios venideros municipales, congresionales y presidenciales del año próximo.
La decisión JCE violó la Ley de Régimen Electoral que, en su Artículo 27 párrafo 3, hace mandatorio la convocatoria a una audiencia pública para conocer las objeciones de los 26 partidos.
La preocupación mayor sobre la Junta Central Electoral actual es que no parece tener claro que le será imposible como árbitro electoral, organizar torneos electorales complejos y sucesivos con 26 partidos en contra, de 31registrados.
La credibilidad del árbitro y su imparcialidad está hoy en juego con un acto truculento busca impedir los partidos políticos puedan aliarse o formar coaliciones electorales sin límitaciones de proporción, derecho constitucional y legal indiscutible.
En nuestro artículo anterior, advertimos al país del peligro de una grave crisis política preelectoral. Hoy esa advertencia sana empieza a dar sus primeros síntomas con acciones conjuntas de 26 partidos y el retiro de las bancadas opositoras del Congreso Nacional.
El pasado viernes nuestro partido , FNP y PQDC depositaron una acción en reconsideración ante el pleno JCE. En inexpugnable instancia elevada por FNP y PQDC están detallados todos los argumentos jurídicos para que JCE pueda rectificar su decisión del pasado lunes.
Hago un llamado a la conciencia de los miembros JCE a que reflexionen.
Deben buscar armonía, consenso y aplicar la Constitución y la Ley Electoral, las cuales, en ningún artículo limitan a los partidos al momento de pactar alianzas y coaliciones electorales en el 2024.
Por el contrario, de no rectificar, perderán credibilidad y se descalificarán para ser árbitros electorales en el.
Ya los partidos mayores de oposición anunciaron la posibilidad de línea de movilizar masas en defensa de la democracia y la constitución.
Igualmente esa lucha totalmente innecesaria, trascenderá a nuestras fronteras.
La JCE sería denunciada ante organismos internacionales creando un enorme daño de imagen al país, que no se merece otro trauma electoral.
Hoy más que nunca nuestro país necesita de una JCE justa, que vele y proteja los derechos de los partidos, de los electores y con ello garantice la democracia que tanto sacrificio nos ha costado.
