La Justicia italiana detuvo este lunes a 52 policías penitenciarios acusados de tratar con violencia y golpear a los presos de la cárcel de Santa María Capua Vetere (Campania, sur de Italia) en una revuelta de reclusos que comenzó el 6 de abril de 2020, durante el confinamiento por la primera ola de coronavirus.
El juez de instrucción de la localidad italiana impuso medidas cautelares a los agentes por los presuntos delitos de torturas múltiples, malos tratos, lesiones personales, falsedad en documento público (todos ellos, con agravante), calumnia, fraude judicial y otros, según informaron este lunes los medios italianos.
La investigación se inició a raíz de los registros en los que algunos presos manifestaban el “castigo” que ejercieron los policías penitenciarios contra ellos por la revuelta de abril.
Esta se produjo después de la noticia de un caso positivo por coronavirus dentro de la prisión, a la que enseguida llegaron contingentes especiales desde la ciudad vecina de Nápoles.
Los agentes, equipados con máscaras y cascos antidisturbios, infligieron patadas, puñetazos y bofetadas a los reclusos, según las mismas informaciones.
Algunas palizas se prolongaron y muchos de los internos aún presentaban heridas visibles 10 días después de los enfrentamientos.
En junio del pasado año, cuando comenzaron las investigaciones, más de 40 de los policías recibieron avisos legales por parte de la Fiscalía de Santa Maria Capua Vetere.
Mientras, en la prisión, algunos agentes penitenciarios protestaron contra la colaboración de compañeros con la Justicia.
Por su parte, el secretario general del Sindicato Autónomo de Policía Penitenciaria (SAPPE), Donato Capece, pidió que se respetara la presunción de inocencia, “uno de los pilares de la Constitución”, y se evitaran las acusaciones, según la agencia italiana Adnkronos.
Capece expresó su “sorpresa” y “tristeza” y aseguró que los agentes de la cárcel de Santa Maria Capua Vetera “no tienen nada que ocultar”.